El Gobierno solicitó ayer al Poder Judicial que no acate el paro de 24 horas convocado en cinco regiones del país y sugirió sancionar económica y penalmente a los funcionarios que se sumen a esta medida; sin embargo, la Corte Suprema determinó cerrar sus puertas por seguridad.
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, envió una carta al presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, en la que califica al paro cívico como “político” y pide que el trabajo en el Poder Judicial sea normal.
Asimismo, Chávez sugiere al presidente de la Suprema “la aplicación de sanciones administrativas, descuento de haberes por falta a la fuente laboral, sumada al inicio de acciones penales por retardación de justicia a jueces o personas subalternas que perjudiquen el normal desarrollo de audiencias y otras actuaciones judiciales”. Posteriormente, considera que no es un justificativo la reposición de carga horaria.
Tras conocer la carta, el presidente interino de la Corte Suprema, Julio Ortiz, anunció que, precautelando la seguridad, “la Sala Plena ha decidido cerrar las puertas del inmueble; es decir, no se trabajará y el miércoles se reiniciarán las actividades”.
En fuentes del Poder Judicial, la carta enviada por el Poder Ejecutivo fue considera como una injerencia y se mencionó la posibilidad de que sea analizada hoy durante una cumbre de este poder en Cochabamba.
Respecto a los demás distritos judiciales, el director de Comunicación del Poder Judicial, Orlando Encinas, aseveró que cada órgano es autónomo e independiente y que la Corte Suprema no interviene en las decisiones que cada una de ellas pueda asumir. Redacción Sucre