• AGRESIÓN • El viernes 15 de agosto, cívicos y unionistas agredieron violentamente a dos altos jefes policiales.

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“Estamos indignadísimos, estamos en una posición de cerrar filas en nuestra institución; no podemos permitir nuevamente que una cáfila de delincuentes de la Unión Juvenil Cruceñista puedan cobardemente golpear a nuestros camaradas”, aseguró el comandante de la División de Bomberos de la zona Sur de La Paz, el teniente coronel Ángel Rivero, en declaraciones a ATB.

Afirmó que los policías no pueden deliberar, “pero estoy asumiendo una posición de indignación, no puedo asumir una posición cómplice y sumisa ante estos hechos sólo por el hecho de que los policías no podemos decir absolutamente nada”.

Rivero aseguró que “tenemos una doctrina fundada en valores y principios que no puede ser vulnerada por unos individuos que pretenden desmembrar a la Policía”, pues los uniformados tienen la misión constitucional de hacer cumplir la ley, la defensa de la sociedad y mantener el orden público.

En las leyes que respaldan el trabajo de la Policía Nacional, “hay instrucciones y una serie de mandos, nosotros vamos a acatar a nuestras autoridades superiores que es nuestro Comandante General y los comandantes departamentales y autoridades intermedias”, subrayó el teniente coronel Rivero.

En tanto que la directiva de la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías (Ansclapol) anunció que enviará hoy una carta al Comando Nacional de la Policía y al Ministerio de Gobierno para solicitar garantías en favor de sus afiliados, mientras ejercen su labor, después de lo ocurrido el vienes en Santa Cruz, cuando el entonces comandante departamental, Wilge Obleas, fue agredido por jóvenes unionistas armados con palos.

“Ese tipo de agresiones no pueden continuar. Nosotros, como cualquier persona, cumplimos una función constitucional. Existe un malestar en la institución y haremos llegar nuestro reclamo a las autoridades correspondientes”, dijo ayer el presidente de la Ansclapol, el suboficial Víctor Iriarte.

“El directorio firmó la carta y cuenta con el aval de todos los miembros de la Ansclapol, que tiene a unos 35 mil policías en el país”, acotó el policía.

Iriarte afirmó que “todos vieron por los medios de comunicación la agresión que sufrieron —mis colegas— en Santa Cruz, además de otras agresiones en el país y eso no puede ser, por eso pediremos en la carta que se respete la labor policial”.

La noche del viernes, Obleas pidió su relevo luego de ser agredido por cívicos y jóvenes unionistas armados con palos y ramas de árbol, cuando salía de una reunión en instalaciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

En tanto que el senador Carlos Börth (Podemos) aseguró que el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, ahora autodenominado gobernador, no podrá ejercer mando sobre la Policía boliviana por una razón jurídico-formal y otra de facto.

“En lo jurídico-formal, la Policía depende de un mando único nacional y del gobierno a través del Ministro de Gobierno y del Presidente, eso dice la Constitución, la Ley Orgánica de la Policía”, añadió el senador.

Börth dijo que “en la práctica, el Comandante departamental de la Policía sencillamente no le hará caso, hay que decirlo con claridad. El Comandante de la Policía en Santa Cruz seguirá dependiendo de su comando nacional y velará por la unidad de su institución policial”.

En tanto que el comandante de la Octava División del Ejército, general Marco Bracamonte, dijo que la misión expresa que tienen las Fuerzas Armadas es de proteger todas las instituciones estatales y públicas situadas en la ciudad de Santa Cruz, que vive un ambiente tenso, tras el violento enfrentamiento que se registró el viernes 15 de agosto.

“En situaciones como ésta siempre estamos alertas ante cualquier situación; vamos a estar alertas, nosotros como Ejército nunca podemos estar descuidados de nada, de nada de lo que pasa en el país”, dijo el general Bracamonte, quien espera que no se registren más actos violentos ni enfrentamientos entre bolivianos en la capital cruceña.