La barbarie suelta
José Gramunt de Moragas, S.J.*

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Muchos esperaban que, después del referéndum revocatorio, habría tranquilidad. Pero ha ocurrido todo lo contrario. Entre otras causas, porque el MAS impuso el mal hábito de lanzar sus huestes a la calle cada vez que un determinado sector presenta una demanda social. Esta pésima costumbre ha sido copiada por los sindicatos, los comités autonomistas, las universidades y hasta por los minusválidos. Al entregar este artículo a la prensa, Bolivia está que arde y no puedo prever a qué extremos de violencia llegará el mal llamado “paro cívico” anunciado en las cinco regiones autoproclamadas autonómicas. Ya no es el Congreso en donde los representantes nacionales debaten las más importantes decisiones del país, sino es la calle, de donde parten las presiones que fuerzan a las autoridades, incluso con la violencia, a satisfacer exigencias no siempre acordes con el bien común.

Un hecho imprevisto por los gobernantes de los últimos años es que los referendos, que se tenían como un medio de participación popular, pacífico y beneficioso para el país, han servido de pretexto para graves enfrentamientos o han sido perniciosos para la nación. Así ocurrió en el 2004, gobernando Carlos Mesa, cuando se decidió la política energética por medio de un referéndum. ¿Recuerda el amable lector aquella frase que movió más patrioterismo visceral que fructíferas relaciones de buena vecindad? “¡Ni una molécula de gas para Chile!”. Gracias a tan descabellada exhortación, Bolivia perdió la oportunidad de vender más gas a otros países. En el 2006, otro referéndum decidió que cinco departamentos optaran por la autonomía y los otros cuatro por el centralismo. Hace una semana se llevó a cabo el referéndum revocatorio, que ponía en la ruleta la permanencia o destitución del Presidente y del Vicepresidente, así como de los prefectos. El resultado de esta última consulta, contando con el fraude, la clonación de documentos de identidad y con el voto de comunidades campesinas obligadas a obedecer la consigna del cacique masista, aunque los veedores de la OEA no se enteraran, fue interpretado por el presidente Evo Morales como una confirmación de que lo apoya la mayoría del país y, con ello, está en condiciones de gobernar sin necesidad del Parlamento ni de un Tribunal Constitucional que dictamine qué decisiones están acordes con la Carta Magna y cuáles no.

Este método de una supuesta democracia directa que se expresa a través de medidas de presión suele terminar en hechos de violencia y su consiguiente e implacable represión. El motín de los discapacitados en Santa Cruz, el 15 de este mes, fue una de tantas consecuencias de anteponer la presión social a la negociación ordenada en los hemiciclos del Congreso. Es también una de las recientes pruebas de la improcedencia de la “referenditis” que le hurta al Congreso su categoría de legislador supremo. Pero como las instituciones democráticas incomodan a Morales, él prefiere utilizar la calle para ejercer presión y convalidar, con un referéndum tras otro, las exigencias de sus organizaciones sociales antes que consolidar el Parlamento y las instancias judiciales. Y ya están anunciados los referendos sobre la inviable Constitución de La Glorieta y la de Tierra y Territorio. ¡La que se va a armar…!

*José Gramunt
es sacerdote jesuita y director de ANF.