El ejercicio del poder de las clases dominantes no se orienta necesariamente por el cumplimiento ni por el respeto de la formalidad o la legalidad democrática; incluso, cuando la legitimidad aparece como un incordio, históricamente han existido formas de gobierno que se han dado modos para aplastar demandas sociales legítimas que iban en contra de sus intereses. El momento político que vive Bolivia da cuenta de lo anterior en un sentido amplio y único por la crisis de Estado.
Estamos ante un gobierno que usa selectivamente los aparatos represivos del Estado, que mata o apalea a algunos, mientras contempla con impotencia la confrontación civil y hasta soporta el ataque de grupos de choque en contra de autoridades policiales de alto rango.
Lo paradójico es que goza de una importante legitimidad social a nivel nacional, de esa que los actos plebiscitarios pueden refrendar hasta el cansancio; pero que no parece servirle de nada, al menos no para gobernar, ni siquiera para el ejercicio del poder en el ámbito nacional, salvo las excepciones de represión selectiva, como la ocurrida contra los mineros en Caihuasi.
Como corolario de lo anterior, al parecer no hace falta copar el Estado para ejercer el poder político. Los grupos económicos que crecieron discretamente imbricándose al mercado mundial durante dos décadas, ya no están más ocupando ese Estado; perdieron ese lugar por la incapacidad de su sistema político. No obstante, ese hecho no ha impedido que ejerzan el poder político. En las semanas que han seguido al referéndum, se lo ejerce agresivamente en defensa del feudo regional ganado, movilizando para ello toda fuerza social y simbolismo político que tienen en stock.
Es que las burguesías ejercen el poder de manera distinta que los pequeño burgueses. Lo hacen casi por inercia, pues su autoridad deviene de su condición de patrón o de la experiencia adquirida para gestionar lo ´privado´ desde el Estado. Frente a esta forma, se encuentra el comportamiento obsecuente con el capitalismo de las pequeñas burguesías, generalmente camuflado de izquierdismo, aunque siempre subordinado frente a las clases dominantes.
Es esa subordinación, entre muchas otras indefiniciones y ambigüedades, la que parece caracterizar al gobierno del MAS con relación a los grupos de poder de Santa Cruz; el proyecto masista, si es que lo hay, no cesa en la búsqueda de pergaminos plebiscitarios para demostrar que ´tiene el poder´, cuando, en realidad, duda mucho de tenerlo. El otro polo, en cambio, no duda un segundo en ejercerlo. Sólo para que quede constancia: lo anterior no es un llamado al ejercicio impune del poder represivo del Estado como reacción; es simplemente una constatación.
*Gustavo Luna es comunicador y trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
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