• ENERO DEL 2003 • Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son acusados por las muertes en la masacre de octubre del 2003.

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El reproche fue dirigido al viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, durante la presentación y entrega del Informe de Violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia, en el período 1970-2007, en instalaciones del hall de la Vicepresidente de la República.

“Cuando se le reclamó al Departamento de Estado de EEUU, la repuesta fue simple; no había ningún pedido del Estado boliviano para la extradición. O sea, dos años y no habíamos formulado ningún pedido, viceministro, dos años y no habíamos hecho las gestiones suficientes”, reclamó Del Granado.

Por su parte, el viceministro Chávez explicó que, al salir del acto, se le aclaró al burgomaestre paceño indicándole que el caso fue informado a la Comisión de Relaciones Internacionales de que el Poder Ejecutivo decidió realizar la solicitud de extradición el 9 de junio del 2008.

Sin embargo, acotó que la orden de extradición no fue enviada porque “es un legajo de cientos de hojas que hay que traducir” del castellano al inglés.

“Entonces, el 9 de junio recién se recibió la solicitud de extradición desde la Corte Suprema de Justicia (Sucre). A partir de esa fecha, recién el Ejecutivo y la Cancillería tomaron esos documentos”, dijo Chávez.

La tardanza también fue atribuida a la justicia, porque no acompaña en la lucha contra la impunidad en el caso de la masacre de octubre del 2003.

Del Granado insistió en que no existen avances sustanciosos para la extradición de Sánchez de Lozada y protestó por el asilo político concedido por Estados Unidos al ex ministro de la Presidencia Carlos Sánchez Berzaín y al ex ministro de Hidrocarburos Jorge Berindoague.

“No es posible que estemos con vueltas, con idas y venidas, con burocracia, con falta de decisión política. Hay avances, por supuesto que los hay, pero no los suficientes. Hace unos 30 días nos enteramos de que los autoritarios que produjeron las muertes el año 2003, Goni y compañía, habían obtenido asilo político, pero no fue sólo ese balde de agua fría que nos llegó a los bolivianos, sino que nos enteramos de que el Gobierno no había formulado la extradición”, remarcó.

El 31 de julio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández, solicitó que la notificación a las tres autoridades se la realice en EEUU. Sin embargo, los familiares de las víctimas de los enfrentamientos en octubre del 2003 denunciaron, a través de su abogado Rogelio Mayta, que esta medida dilata el juicio de responsabilidades con el objetivo de que se cumplan los plazos legales y se proceda así a la extinción del proceso judicial.

Mayta explicó que la notificación podría hacerse a través de los abogados de oficio de los acusados, que están en nuestro país.

Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y Berindoague están declarados rebeldes ante la justicia.