Extremos de intolerancia
José Luis Orihuela Aquin*

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Las posturas radicalizadas que han asumido el Gobierno y las regiones por el IDH crean un clima de mayor tensión y violencia en el país, sin que exista la posibilidad de diálogo. El resultado de esas posiciones se debe, principalmente, a que el presidente Evo Morales y los prefectos, como el cruceño Rubén Costas, tienen un carácter autoritario que impide el acercamiento y la búsqueda de soluciones pacíficas.

Por un lado, el Jefe de Estado fomenta un modelo de gobierno socialista, que rechaza cualquier influencia externa que vaya en su contra —el Gobierno de EEUU—, censura permanentemente a los medios de comunicación y ha expandido las atribuciones del Poder Ejecutivo hacia la búsqueda de un centralismo absoluto del poder. Por el otro, personas como el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, hablan de crear un Estado federal.

Dos décadas de gobiernos democráticos han demostrado que el Estado es un pésimo administrador. Sin embargo, el Gobierno se empecina en impulsar cambios estructurales orientados al centralismo, con decretos de nacionalización de los hidrocarburos y la recuperación de las empresas capitalizadas. Esto lo único que genera es un aumento de la burocracia estatal, cuando las regiones exigen mayor autonomía para la administración e implementación de proyectos de inversión y desarrollo; aspectos contradictorios con los planes del Ejecutivo y su Constitución, que contiene elementos étnicos-raciales y un fundamentalismo indígena exagerado.

Cada quien a su estilo da sendos discursos incendiarios que sólo generan mayor descomposición social, lo cual se traduce en cotidianos enfrentamientos entre bolivianos; hechos como los ocurridos en Santa Cruz entre el grupo radical de extrema derecha con tintes racistas y fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista y el grupo de masistas antiderechistas del Plan 3000, que hablan de independencia y de muertos, son una muestra de la violencia en la que se encuentra envuelta el país entero.

Tan difícil es la situación del país que incluso el presidente Lula da Silva aconseja al presidente Morales que dialogue, que tome en cuenta que un país sin paz “no crece ni se desarrolla”. Sólo queda esperar que nuestros gobernantes recuperen la cordura y el sentido común para terminar con esas voces radicales del Gobierno, que de forma permanente vienen obstaculizando cualquier intento de solución, y de aquellas otras voces que promueven el separatismo sin medir las consecuencias. ¿Todavía estamos a tiempo de construir un Estado nacional que garantice la unidad del país?

*José Luis Orihuela A.
es abogado.