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El proyecto tiene tres componentes: el primero se enmarca en una propuesta de complementariedad al Código Niño, Niña, Adolescente y propone que se considere como maltrato el que un menor de edad se encuentre en las calles desde ciertas horas de la noche, que serán establecidas por cada municipio del país.

El segundo plantea sancionar, a través del Código Penal, a los dueños de negocios que expendan bebidas alcohólicas a menores de edad y a los que rompan el precinto de seguridad de clausura. Ellos tendrían pena de cárcel.

El último parámetro trata de una rehabilitación conminada bajo procedimiento penal para las personas con adicciones que vivan en las calles.

“Esto no quiere decir que serán enviados a la cárcel en caso de incumplimiento”, dijo Mendoza, sino que si luego de ser notificados no asisten al centro de rehabilitación o se escapan, se los obligará a asistir.

“No estamos hablando de medidas de cárcel, sino de medidas de seguridad (...) de internación. Hemos mandado la propuesta a Derechos Humanos y al Defensor del Pueblo. Han dado varias sugerencias y esto ha sido tomado en cuenta”, explicó el Oficial Mayor de Desarrollo Humano.