• PROTESTA • El Defensor del Pueblo junto a Rogelio Mayta, de la comisión impulsora del juicio contra Sánchez de Lozada.

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“El Estado boliviano, a través de las tres entidades, está dilatando de manera injustificada el proceso contra Sánchez de Lozada y sus colaboradores. Esta dilación incluso pone en riesgo la continuidad del proceso penal´, protestó Albarracín.

Según el Defensor, la mencionada resolución conmina a los notificados a garantizar las medidas preventivas pendientes en un proceso rápido, “transparente y que finalice con una sentencia” contra los imputados.

El 26 de mayo, el Defensor recibió la denuncia del abogado Rogelio Mayta (representante del comité impulsor del juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada) por la “vulneración del derecho de acceso a la justicia”, entre otros.

Según Albarracín, esta resolución recomienda, en su punto uno, al presidente de la Suprema, Eddy Fernández, al fiscal general, Mario Uribe, y al canciller, David Choquehuanca, “adoptar medidas correspondientes, en el marco de su competencia, para materializar el derecho de acceso a la justicia de los peticionarios”, en este caso del comité impulsor y víctimas de los hechos de septiembre y octubre del 2003.

Hace dos semanas, el alcalde de La Paz, Juan del Granado, criticó al Poder Ejecutivo por no acelerar el proceso de extradición de Sánchez de Lozada. El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, justificó que el legajo estaba en etapa de traducción.

RESOLUCIÓN

Segundo punto • Recomienda a las autoridades cumplir con el deber legal que tienen de ejecutar la norma del derecho de los bolivianos al acceso a la justicia.

Advertencia • Según Albarracín, las acciones de la parte procesada estarían en “concomitancia” con la Corte Suprema y eso “preocupa”.