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El ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, recibió correspondencia de su homólogo boliviano, David Choquehuanca, que le expresó su preocupación sobre las tareas de estudio de impacto ambiental que Brasil pudiera hacer en suelo boliviano durante las obras de la central de San Antonio. En su respuesta, el Canciller indicó a Choquehuanca que sería "útil" realizar un encuentro "lo antes posible" entre las comisiones técnicas de ambos países para intercambiar informaciones técnicas sobre la construcción de la central hidroeléctrica, que será levantada en las aguas del río Madeira.

Esta central, que se ubicará en el estado brasileño de Rondonia, a escasos kilómetros de la frontera con Bolivia, recibió hace dos semanas la licencia ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente, último trámite burocrático antes de comenzar su construcción. Amorim, en su respuesta a Choquehuanca, esclareció que la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Medio Ambiente "no autoriza acciones de monitorización fuera del territorio brasileño".

El ministro insistió en el deseo de su gobierno en cooperar con el de Bolivia en cuestiones de interés mutuo en el área de vigilancia del medio ambiente. El Gobierno de Brasil ha insistido en varias oportunidades que la construcción de esta central y de otra vecina ni afectarán ni inundarán el territorio boliviano.

La central de San Antonio, que será construida por las ingenierías brasileñas Odebrecht y Furnas, tendrá capacidad de producir 3.150 megavatios de electricidad cuando entre en funcionamiento el 2012. Su costo ascenderá a aproximadamente 5.000 millones de dólares.

A pocos kilómetros de esta central se levantará la hidroeléctrica de Jirau, que generará 3.300 megavatios desde el 2016, cuando el consorcio franco belga Suez y varias empresas brasileñas concluyan su construcción. Jirau está valorada en 5.300 millones de dólares. Río de Janeiro, EFE