Desde Aristóteles hasta nuestros días, la política ha sido un concepto vinculado al Estado y al poder, tal vez por eso fue motivo de permanente crítica, muchas veces de manera justificada. Sin embargo, todos han concluido en injustas generalizaciones descalificadoras de su práctica y de su innegable necesidad.
Una de las líneas seguidas por el neoliberalismo fue, precisamente, desacreditar a la política, a los políticos y a los partidos políticos; un discurso que fue debidamente heredado por el gobierno del MAS, que se colgó de todos los argumentos dichos con anterioridad.
Empero, parece ser que neoliberales y neopopulistas no toman en cuenta lo definido en el debate sobre el fin mínimo de la política, vale decir, cómo debería ser la política para ser buena. Aristóteles ya planteaba que el fin de la política no es el vivir, sino el vivir bien, y por ello discriminaba las formas puras de gobierno y las formas corruptas del mismo. Al parecer, una definición tan amplia como el \'vivir bien\' puede ser entendida de varias maneras, como es el caso del MAS que utiliza la consigna aristotélica, pero para dividir y confrontar violentamente al país.
Olvidan también que la política, en consecuencia, no es el uso del poder por el poder, que invariablemente deriva en la degeneración de su ejercicio; de ahí que el poder no puede ser considerado como un fin en sí mismo, sino un medio para llegar al fin escogido.
Los actores políticos en el ejercicio del poder tampoco recuerdan algunas tesis reconocidas universalmente, por ejemplo, que el Estado apolítico transita al Estado político cuando las personas renuncian al uso de la fuerza individual para colocarlo en manos del Estado que se constituye en el único autorizado para usar la fuerza. En otras palabras, se renuncia al caos y se establece un orden determinado. Está claro que entender que la política sólo es una relación de uso de la fuerza legítima es reducir su alcance.
Por ello, es innegable que la política siempre está vinculada con lo social porque se constituye en una forma de organización social que, efectivamente, es sostenida por el uso monopólico de la fuerza por parte del Estado, sin embargo el mismo, en un Estado de Derecho, debe estar sujeta a normas que la limitan y no a la voluntad del autócrata de turno.
Varios teóricos, desde perspectivas diferentes, dan profundidad a la hipótesis anterior y le otorgan un carácter determinado al ejercicio del poder político, pues cuando el Estado interviene en todo el quehacer humano, el ejercicio del poder deviene en un Estado totalitario; pero, cuando es limitado por la norma, se instaura el Estado de Derecho, momento en que la política se somete a la legislación y se puede convivir de manera pacífica.
Hoy, en Bolivia, el Gobierno nacional ha inducido y finalmente producido autoritariamente un ciclo de violencia caótica, en el que es lógico que tenga que recurrir cada vez más a esa fuerza estatal condensada en las FFAA y la Policía, empero olvidando que la intervención de ambas instituciones no puede estar al margen de la Constitución y las leyes que, desgraciadamente, a estas alturas de la coyuntura, han sido proscritas del accionar gubernamental.
El fin de la política de \'vivir bien\' en el gobierno del MAS es, en suma, una afirmación prescriptiva aristotélica repetida inmoralmente para confundir a la ciudadanía, porque en realidad lo que están haciendo es llevarnos a un estado de cosas en el que el costo social de su aventura será tan grande que no habrá forma de vivir bien el futuro.
*Germán Gutiérrez G. es abogado constitucionalista.
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