• INSTRUCCIÓN • Un grupo de conscriptos recibe órdenes en una instrucción militar.

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

“La población militar no es muy grande y está de acuerdo al efectivo, más o menos en un porcentaje sería un 7%. Antes era mucho más, muchísimo más, pero desde que llegaron los Derechos Humanos ha disminuido bastante”, afirmó a La Razón una fuente del Tribunal Permanente de Justicia Militar.

De acuerdo con los datos obtenidos, los casos más comunes denunciados en esta instancia judicial son el maltrato a inferiores de parte de los instructores. También “está el caso del teniente que abusa físicamente del sargento o del soldado, eso se denomina abuso de autoridad”, puntualizó la fuente.

Las faltas son sancionadas de acuerdo con la gravedad del caso. Según el Tribunal Militar, si se llegase a comprobar algún tipo de maltrato en el interior de los cuarteles, el agresor puede ser recluido durante un año, si se descubre una falta disciplinaria podría perder un año de antigüedad y “perjudica su ascenso”.

Todas las agresiones denunciadas ante el Tribunal Militar ocurrieron en el interior de un cuartel y “son delitos típicos contemplados en la vida militar”, según las fuentes consultadas.

El diputado Víctor Marquez, de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que en los cuarteles de las Fuerzas Armadas —Naval, Aérea y Ejército— hay una instancia de DDHH que aboga para evitar la vulneración de los derechos humanos.

En el primer trimestre de este año, según fuentes del Tribunal Militar, un soldado murió después de recibir un disparo en la cabeza, en un cuartel ubicado en la frontera con Chile. La víctima se habría dormido cuando hacía guardia. Antes del disparo, el militar y el difunto habrían discutido y llegado a los golpes.

Hace dos semanas, en Chimoré (Cochabamba) murió el soldado Natalio Amador en el Campamento Mirabal. La autopsia encontró sólo un chicle en la garganta. Su cuerpo fue enviado a su tierra natal, Tarija.

Al respecto, en la VII División de Ejército, con asiento en Cochabamba, evadieron el tema y pidieron recabar datos en La Paz.

En el Tribunal Militar informaron que por seguridad del país no se podía conocer el número de uniformados en toda Bolivia.