Rasgos totalitarios del actual Gobierno
Miguel Manzanera, SJ*

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En el mes de mayo del 2007 el cardenal Julio Terrazas, participante en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida (Sao Paulo), hizo una breve presentación de la situación de Bolivia. En ella indicaba cómo en el proyecto del Gobierno, si bien había despertado expectativas populares, se advertían algunos rasgos autoritarios. Esta advertencia, aplicable a Bolivia y a otros países latinoamericanos, fue recogida en el Documento conclusivo de Aparecida:

´Constatamos un cierto progreso democrático que se demuestra en diversos procesos electorales. Sin embargo, vemos con preocupación el acelerado avance de diversas formas de regresión autoritaria por vía democrática que, en ciertas ocasiones, derivan en regímenes de corte neopopulista. Esto indica que no basta una democracia puramente formal, fundada en la limpieza de los procedimientos electorales, sino que es necesaria una democracia participativa y basada en la promoción y respeto de los derechos humanos. Una democracia sin valores, como los mencionados, se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo´ (DA 74).

La airada respuesta del Gobierno de Bolivia a la advertencia del Cardenal no se hizo esperar. Incluso se comentó que la Cancillería pensaba acudir al Papa mediante las instancias diplomáticas para que llamase al orden al Cardenal por su falsa declaración. Sin embargo, pasado ya más de un año, los hechos han dado la razón al Cardenal por su clarividencia. Los rasgos totalitarios, que entonces ya se detectaban, son ahora mucho más palpables.

El totalitarismo consiste en la concentración de los poderes políticos en manos del Gobierno, anulando o debilitando a otras instancias políticas mediante el desconocimiento o vulneración de la Constitución y de otras leyes. En el actual Gobierno hay rasgos claramente totalitarios. Las desaforadas declaraciones del Presidente en las que se jacta de cómo él actúa prescindiendo de las leyes y que luego encarga a sus abogados para que conviertan lo ilegal en legal, muestran la escasa valoración que otorga al Estado de derecho y, además, a la sagrada profesión de la abogacía que debe ante todo respetar la justicia, la Constitución y las leyes.

Limitándonos a hechos recientes vemos cómo el Ejecutivo aplica una doble medida en relación con las reclamaciones sociales, con huelgas, bloqueos etc. Si apoyan al Gobierno se trata de reivindicaciones legítimas, pero si se oponen a sus planes son actos políticos, ilegales y vandálicos que tratan de derrocar al Gobierno. Así, por ejemplo, la huelga de los maestros rurales del Chapare para evitar que se cambie arbitrariamente la Ley de Pensiones fue reprimida violentamente con amenazas y acosos por los grupos sindicalistas cocaleros, cuyo máximo dirigente es el presidente Evo, obligando a los huelguistas a dejar sus viviendas y lugares de trabajo.

De manera similar, la Policía Nacional en Santa Cruz reprimió a las personas discapacitadas con especial dureza sin ninguna consideración a su delicada situación, dando lugar a la violenta intervención de los jóvenes cruceñistas, que obviamente reprobamos y condenamos. Resulta patético ver cómo los miembros del Ejecutivo, incluyendo al Presidente y al Vicepresidente se presentan en ocasiones como defensores a ultranza de la ley y acusan a sus opositores de cometer ilegalidades, cuando han mostrado en muchas ocasiones una trayectoria totalmente al margen de la ley.

Un rasgo totalitario se observa en el manejo de la comunicación social. El Gobierno no sólo utiliza los medios estatales de comunicación, las radios y el canal 7 TVB, para hacer propaganda de sus planes tergiversando la información objetiva, sino que, además, destina ingentes sumas de dinero en programas televisivos, radiales y escritos para influir en la opinión pública, atacando a los opositores, como ha sido palpable en el reciente referéndum revocatorio, poniendo así en cuestión los mismos resultados electorales. Las diatribas y amenazas a los medios de comunicación que no le apoyan, completan esta dictadura mediática, un rasgo típico de los totalitarismos, tanto de derecha como de izquierda.

En la situación actual es preciso que toda la sociedad, incluida la Iglesia, se mantenga alerta para evitar que la democracia formal se desvíe hacia el totalitarismo. En el Documento de Aparecida los obispos latinoamericanos afirman a este propósito: ´Compete también a la Iglesia colaborar en la consolidación de las frágiles democracias, en el positivo proceso de democratización en América Latina, aunque existan actualmente graves retos y amenazas de desvíos autoritarios. Urge educar para la paz, dar seriedad y credibilidad a la continuidad de nuestras instituciones civiles, defender y promover los derechos humanos, custodiar en especial la libertad religiosa y cooperar para suscitar los mayores consensos nacionales´ (DA 541).

*Miguel Manzanera, S.J.
es sacerdote jesuita.