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Ahora más que nunca hace falta un diálogo que ponga al Gobierno y a las regiones que lo confrontan en una mesa para decidir, con patriotismo, si vale la pena seguir en esta lucha que ahora está a punto de desembocar en violencia y en una irremediable y peligrosa división del país.

Este diálogo debería ser de la estatura de la crisis que enfrenta a los bolivianos. Un diálogo que se proponga, realmente y de veras, encontrar soluciones. Hasta ahora, las oportunidades de diálogo sólo han servido para que se ahonden las diferencias y se añadan nuevas ofensas a otras antiguas.

Esta vez ninguno de los actores debería llegar al diálogo con el deseo de ganar tiempo, y mucho menos para tratar de sacar ventajas circunstanciales. Ésta es una discrepancia entre bolivianos, y es imposible esperar que alguna de las partes ceda.

El encuentro tendría que ser sincero y honesto. Que las cartas estén sobre la mesa pero que esas cartas representen lo que realmente quiere expresar cada uno de los frentes. El doblez, las actitudes ladinas, han empeorado las cosas desde que comenzó la crisis.

El momento que se vive es tan tenso que no parece tolerar agendas, pero quizá sería oportuno proponerse comenzar por el tema más importante, cuya mención ha empeorado las cosas hasta el extremo: la aprobación de una nueva Constitución Política del Estado.

El Gobierno nacional ha ofrecido varias veces, a través del propio presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera y de sus representantes en el Parlamento, la posibilidad de modificar el texto elaborado a principios de diciembre en Oruro por sus parciales.

Si realmente hay esa posibilidad, éste es el momento de ponerla en práctica. El trabajo de corregir aquel texto podría dar lugar a que se establezcan espacios de diálogo y entendimiento que podrían ayudar al país a salir de esta pesadilla. La mecánica que se emplearía para llegar a esa solución tendría que surgir de esas reuniones.

Será preciso tratar el tema del IDH. Es impostergable. El debate sobre este tema sólo ha consistido en mensajes de publicidad. Con las cifras verdaderas en la mesa, el Gobierno y las regiones deberían llegar a acuerdos inteligentes. Eso sí, deberán estar decididos, todos, a dejar de lado poses, falsedades y engaños.

El tema estará incorporado en una nueva CPE, que establezca las competencias del Gobierno central, las prefecturas, las alcaldías y las subprefecturas. Pero hace falta decidir ahora el tema de los recursos del IDH, cuya defensa ha unido a las prefecturas del país. Por supuesto que será preciso hablar sobre el futuro de las autonomías departamentales. Eso podría ser dejado para después, cuando hayan sido desactivadas las bombas que amenazan con estallar en este momento.

Los políticos bolivianos tienen ahora la oportunidad de mostrar que representan a los 10 millones de ciudadanos que están rezando en este momento para que el país que tanto quieren no sea afectado irremediablemente por esta crisis.