• ATAQUE

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El reportero gráfico de este medio que estuvo presente durante los hechos relató que unas 100 personas arribaron al predio, lideradas por Reynaldo Bayard y Felipe Moza, presidentes de los comités cívicos de Tarija y Villamontes, respectivamente.

Los cívicos golpearon a los militares que custodiaban el campo, les quitaron sus armas y los desalojaron de las instalaciones. Algunos de ellos incluso portaban bombas caseras.

Una vez dentro, el grupo amenazó a los ingenieros que trabajan en Vuelta Grande con hacer explotar todo el campo si es que no paraban las operaciones. Ante tal amenaza, no quedó más remedio que dar curso al pedido.

Según un comunicado de la empresa Chaco, que opera el campo Vuelta Grande, el personal de la compañía procedió a la paralización de las operaciones.

Para ello —indicó la petrolera—, se actuó de una manera ordenada y de acuerdo a los procedimientos preestablecidos, a fin de precautelar “la seguridad de las personas, del medio ambiente y de las instalaciones”.

Hasta ayer, la planta continuaba tomada, con 49 funcionarios en su interior, entre personal de Chaco, contratistas y un fiscal de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “La situación se encuentra en calma y las operaciones siguen paralizadas”, dice la nota.

Según información de la empresa, el campo Vuelta Grande está ubicado en la provincia Luis Calvo, del departamento de Chuquisaca, a unos 400 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra.

Su producción diaria promedio es de 340 metros cúbicos de gas licuado de petróleo (GLP), 83 millones de pies cúbicos de gas (equivalentes a unos 2,4 millones de metros cúbicos), y 1.400 barriles de gasolina y condensado.

El comunicado de Chaco precisa que el gas producido en el campo se entrega a la estatal YPFB, encargada de la comercialización en los mercados interno y externo, en Brasil y Argentina.

Actualmente, hay 29 pozos en producción en el campo Vuelta Grande. Según la compañía, la planta de procesamiento de gas entró en operación en 1989. En ella trabajan 16 funcionarios de Chaco y 32 contratistas.