Economía y el conflicto por el IDH
Rolando Morales Anaya*

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Muchos conflictos políticos emergen de pugnas nacionales o sectoriales por la distribución de la renta nacional. Si no encuentran solución, a medida que van avanzando, las partes hacen uso de argumentos extra-económicos para fortalecer sus posiciones. Como cualquier otro conflicto, cuanto más pasa el tiempo, más difíciles son de resolver.

La reflexión anterior viene a propósito del actual conflicto por la distribución de la renta petrolera entre las diferentes regiones e instituciones públicas del país. Siendo víctimas de argumentos autonomistas poco desarrollados, esta pugna se presenta en los términos siguientes: a) todos quieren disponer de la chequera, pero nadie dice en qué gastará; b) en última instancia, la pugna es entre las prefecturas y sus propios municipios y no, como aparenta, entre las prefecturas y el Gobierno central. La pugna oculta entre prefecturas y municipios emerge del hecho de que el DS 29322 rebajó la participación de las prefecturas en el IDH de 56,9 a 24,39 por ciento, mientras que los municipios se beneficiaron de un porcentaje similar al que le quitaron a las prefecturas. Lo curioso de esta situación es que el dominio territorial donde las prefecturas ejercen su poder es el mismo que el de los municipios. Luego, la rebaja de la participación prefectural en el IDH no afecta de forma alguna al conjunto de recursos disponibles por los departamentos.

Las prefecturas se quejan también por la disminución de su participación imputable al pago de la Renta Dignidad. Acorde con los vientos autonomistas que corren, los departamentos autonómicos deberían asumir los gastos que requiere su población mayor; si desean manejar la chequera para ello, hay que dárselas simplemente.

Sería formidable, y esto lo digo como propuesta, que todos los que piensan que tienen derecho a manejar la chequera de la renta hidrocarburífica informaran a la población sobre sus planes de inversión y cómo piensan coordinar con los otros agentes para lograr que esas inversiones impulsen el desarrollo económico regional y nacional, pues es inadmisible que piensen que su derecho a participar en ella sea de carácter incondicional.

Entre IDH y regalías, los departamentos reciben 3.844,1 millones de bolivianos, aproximadamente 540 millones de dólares. Añadiendo a esta suma los recursos de coparticipación, se llega a algo más de 1.200 millones de dólares. Las regiones nunca han dispuesto de una suma tan grande para su desarrollo, por lo que es muy importante poderla utilizar correctamente. Para ello, se requiere inicialmente elaborar planes de inversión. Teniendo en cuenta que se debe trabajar en esquemas descentralizados pero coordinados, corresponde pedir a todos los municipios trabajar juntamente con las prefecturas para desarrollarlos. Este ejercicio debe llevar a la elaboración de planes de desarrollo departamental. Por otra parte, los departamentos no pueden desarrollarse de manera aislada; para que tengan éxito en sus proyectos, los departamentos requieren coordinar con otros departamentos y con el Gobierno central. Este ejercicio debe llevar a la elaboración de un plan nacional consensuado de inversiones que desemboque en un plan nacional de desarrollo. En el caso en que los montos de inversión propuestos superen la suma disponible, deberá hacerse una prelación consensuada. Elaborados en forma seria los planes de inversión municipales, departamentales y nacionales, el problema de quién manejará la chequera pasará a un segundo plano.

*Rolando Morales A.
es economista. Actualmente, se desempeña como Superintendente de Empresas.