La vida vale más
Juan L. Cariaga*

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Hablar de economía, en momentos en que el país se encuentra al borde del enfrentamiento, parecería secundario. Sin embargo, en realidad, esto no es totalmente cierto, pues en Bolivia, por lo general, damos preferencia a lo urgente, por encima de lo importante, y es por esta razón que nunca tenemos una visión clara sobre nuestro futuro en el mediano y en el largo plazo.
Pero, además de esto, nuestra prioridad siempre parece estar en el lado político. Según un documento redactado por el licenciado Miguel Urioste y leído en un programa de televisión, a nivel nacional, el
Vicepresidente de la República habría declarado que el gobierno del presidente Morales no está aquí para hacer gestión, sino para establecer una nueva correlación de fuerzas, destinada a imponer el cambio. En otras palabras, que el Gobierno ha asumido funciones no para lograr resultados económicos o de cualquier otra índole, sino para obtener resultados básicamente políticos. Lo que nos muestra algo que todos los bolivianos ya sabíamos: que la agenda del Gobierno es básicamente política y que no le importa ni le interesa lograr resultados económicos, ni siquiera en el sector social.
Por esta razón es que Bolivia, junto a Venezuela y Argentina, seguirá siendo uno de los países más inflacionarios del continente; junto a Venezuela, continuará siendo uno de los países menos atractivos a la inversión extranjera; a pesar de los altos precios internacionales, seguiremos siendo un país de bajo crecimiento económico, sólo compensado el 2008 por el crecimiento de la mina San Cristóbal (que además fue una inversión realizada hace muchos años) y que, en el futuro, podría seguir deteriorando los indicadores de pobreza en el sector social, que fueron bastante negativos en los años 2006 y 2007.
¿Será por eso que el Presidente cambió a cinco ministros, encomendándoles luchar contra la pobreza, a pesar de que se trata básicamente de los mismos ministros políticos?
Sin embargo, en ese afán de lograr resultados puramente de orden político, lo que creo que no se puede aceptar es que en esta desesperación política de imponer el cambio, se lleve al enfrentamiento y que, en última instancia, se produzca luto y duelo entre la familia boliviana.
La vida, lamentablemente, vale más que esto. Siempre se ha criticado a la economía por haber tratado de estar por encima de los seres humanos, cosa que, por lo demás, no es cierto. En este mismo sentido, creo que también deberíamos criticar a la política, por tratar de situarse por encima de los seres humanos, circunstancia que no justifica ni una sola muerte más. En otras palabras, no justifica que un hijo se quede sin padre o una madre, sin hijo. Es importante que los bolivianos hagamos algo. No me cabe la menor duda de que en quien recae la mayor responsabilidad de evitar este enfrentamiento inútil entre bolivianos es en el Presidente de la República. Debe ser él quien haga un llamamiento al diálogo; pero, al mismo tiempo, asegurando que éste sea serio, real y sincero. Tampoco me cabe la menor duda de que si este llamamiento al diálogo cumple con las condiciones antes mencionadas, éste debe ser, inevitablemente, acatado por los prefectos, que también tienen la obligación moral de salvaguardar la vida de los bolivianos.
Creo que la forma de iniciar este llamamiento al diálogo es el de aceptar el principio del pago del IDH a las regiones, que tiene sus bases jurídicas en el referéndum del 2004 —donde claramente se establece que estos recursos deben ir a la inversión social y al empleo, y no al gasto corriente— y en la Ley 3058, la nueva Ley de Hidrocarburos, que determina la distribución de estos recursos en las diferentes regiones. Esto no es ninguna concesión, es simplemente cumplir la norma.
Señor Presidente, creo que sobre usted recae esta responsabilidad histórica de pacificar el país. Bolivia no puede darse el lujo de tener una sola muerte más. Le rogamos que haga todos esfuerzos para que lleguemos a un buen final. El país se lo merece.
Si por alguna razón usted encuentra que los bolivianos no somos capaces de sentarnos a la mesa del diálogo —cosa que francamente no puedo creer—, le pido que considere la posibilidad de buscar la mediación de una figura internacional, al más alto nivel; por la gravedad de las circunstancias, ya no amerita que éstos sean simples funcionarios de la OEA o los embajadores de los países vecinos. Creo que debemos buscar el auspicio de alguien como el Secretario General de Naciones Unidas o alguna otra persona de este nivel y de gran credibilidad internacional. Señor Presidente, el país y la historia se lo agradecerán.