El Estado de Derecho
Carlos Alberto Mostajo*

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El Estado de Derecho consiste en que los poderes del Estado actúan bajo el imperio de una Constitución. Ahí sus autoridades se rigen, permanecen y están sometidas a un Derecho vigente y por eso al ser posesionadas en sus cargos juran someterse a la Constitución y las leyes. Así lo hicieron el Presidente, el Vicepresidente, los ministros, los magistrados y los prefectos de departamento, entre otros. Sin embargo de ello, varias autoridades sólo se acuerdan de la Constitución y las leyes cuando alguien afecta sus intereses y pretensiones.

Esa mala práctica es muy antigua en nuestro país y constituye una de las razones del actual descalabro. El juramento para muchos políticos parece ser algo circunstancial e intrascendente. El Poder Ejecutivo se acostumbró, desde hace décadas, a dictar decretos supremos y resoluciones que vulneran la Constitución y las leyes. Ese no es un invento de este gobierno ni de las actuales prefecturas, pero ahora unos y otros aprovechan la aparente presunción de constitucionalidad de sus actos, pretendiendo el restablecimiento del Estado de Derecho cuando se designe a los magistrados suficientes para integrar un Tribunal Constitucional que sea confiable, dado que esa es la instancia que debería declarar la inconstitucionalidad de sus actos. Lamentablemente nadie sabe cuándo se nombrará a esos magistrados ni se conoce su nivel de confiabilidad.

Al respecto, dado el caos que vivimos, sería bueno que nuestras autoridades nacionales y departamentales recuerden su juramento y respeten el Estado de Derecho. Esto porque el art. 228 de la Carta Magna establece lo siguiente: “La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones”.

Vale decir que los integrantes de la Corte Nacional Electoral, los magistrados, los jueces, los superintendentes, los presidentes y los gerentes de empresas públicas descentralizadas, entre otras autoridades, deben aplicar la Constitución y las leyes vigentes en Bolivia sobre las determinaciones efectuadas en decretos supremos o resoluciones prefecturales que las transgredan. Quizás ese sería un buen comienzo para recuperar el Estado de Derecho en nuestro país.

Mientras no tengamos una nueva Constitución elaborada y aprobada en circunstancias racionales, la actual es la vigente y debe ser respetada por todos. En ese ámbito, las principales autoridades nacionales y departamentales deberían dar ejemplo de respeto al Estado de Derecho y a sus juramentos efectuados ante Dios y todos los bolivianos.

*Carlos Alberto Mostajo
es abogado.