• VIOLENCIA • Una supuesta familiar de las víctimas agrede a una colaboradora del juez Álvaro Melgarejo.

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El abogado de la autoridad pandina detenida desde el jueves en el penal de San Pedro de La Paz, Karlo Brito, también se pronunció en ese sentido.

El viernes, los ministros de la Sala Penal Segunda de la Suprema, José Luis Baptista y Ángel Irusta, emitieron un auto supremo mediante el cual instruyeron al juez 5º de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila —quien resolvió el jueves su detención preventiva en la cárcel de San Pedro—, que Fernández sea llevado a Sucre y que el juez se inhiba de conocer la causa por no tener competencia. Pero la misma Corte Suprema retrocedió ayer en la primera decisión y renunció al pedido de que Leopoldo Fernández sea trasladado a la Capital.

“La decisión que tomó el juez Dávila ha quedado sin efecto, de modo de que si en este momento está en la cárcel está sin mandamiento de detención que emane de una autoridad competente, por lo tanto, parece probable que sería trasladado a un cuartel”, dijo Baptista.

Luego acotó: “No es posible que insistamos en que el prefecto sea traído de inmediato a Sucre, porque esa pretensión no es posible. El mismo sistema señala que el fiscal general (Mario Uribe) tiene que decirnos cuál es el momento oportuno”.

Ayer, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, indicó que Fernández será trasladado a un recinto militar del departamento paceño ´si acciones de competencia jurisdiccional lo dejaran en libertad´.

“La propia Sala Penal Segunda había determinado esperar los tres meses del confinamiento para tomar actitudes. (...) Evidentemente, si por acciones de competencia jurisdiccional (se) determinara algún tipo de libertad, en ese momento sería trasladado necesariamente a un recinto militar”, señaló.

Luego, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, coincidió: “En caso de que se levantara su condición de detenido preventivo, permanece su condición de confinado. Por tanto, en el marco del decreto supremo de dictar estado de sitio, él no puede abandonar el departamento de La Paz”.

Brito, uno de los dos abogados del prefecto suspendido, declaró anoche que no recibió la notificación escrita de la Suprema sobre su última determinación y afirmó que su traslado sigue vigente. Sin embargo, luego reconoció que Fernández “no gozaría de una detención preventiva” ahora, “por lo que estaría en una situación de confinado político”.

Ayer en la mañana, cientos de jubilados rodearon la cárcel de San Pedro para pedir 30 años de prisión para Fernández. Al mediodía, exigieron sus fichas para justificar su presencia.

En la noche, una marcha de los Ponchos Rojos llegó a las afueras de la cárcel. Entretanto, según una fuente del interior del penal, Fernández evitó participar de los festejos del día del privado de libertad.

Ayer, la abogada de las tres víctimas, Mary Carrasco, sostuvo que presentó una denuncia por “tráfico de influencias” contra la Corte. En Sucre, los campesinos marcharon y pidieron la renuncia del fiscal Mario Uribe.

Melgarejo es amenazado

El juez 6º de Instrucción en lo Penal, Álvaro Melgarejo, denunció ayer que recibe constantes amenazas en su juzgado luego de anunciar el lunes que acatará la orden de la Corte Suprema de Justicia, de trasladar al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández a Sucre.

El juez dijo que tuvo que poner a buen recaudo a su familia y responsabilizará al Gobierno si algo le llegara a pasar.
“Hay amenazas contra mi vida, contra mi familia, contra los funcionarios y ayer (lunes) han señalado que conocen mi domicilio”, dijo.

Luego, afirmó que “el responsable es el Gobierno porque me han informado que quieren interceptar mi vehículo, maltratarlo, quieren golpearme” y añadió que trasladó a su familia a un lugar seguro.

Melgarejo resolvió el lunes dar curso al auto supremo emitido el viernes por la Sala Penal Segunda de la Suprema, que pide el traslado de Fernández a la capital del país.

La cronología

Domingo 14 • El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señala que el prefecto Leopoldo Fernández instauró relaciones estructurales con narcotraficantes para sembrar terror, muerte y persecución en el pueblo pandino, y advierte que ello será cortado ´por el lado que más duele´.

Lunes 15. La Fiscalía General acusa a Fernández, Miguel Becerra y Abraham Cuéllar de genocidio. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, dice: ´(El Prefecto) tendrá una sentencia de 30 años sin derecho a indulto por los delitos que cometió´.

Martes 16. Los militares lo llevan con engaños al aeropuerto de Cobija. Allí, Quintana le ordena subir al avión y lo confina a La Paz. El ministro dice que fue ´por violar la ley y por supuesto en las próximas horas tendrá que responder a los delitos flagrantes de los que se lo acusa´. El vicepresidente Álvaro García señala que ´fue detenido por las matanzas en Pando´, mientras que el titular de Defensa, Walker San Miguel, advierte que fue ´por resistirse al estado de sitio´.

Miércoles 17. Ya en La Paz, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, anuncia que será juzgado por el delito ordinario de terrorismo. Los familiares de las víctimas inician el proceso.

Jueves 18. El juez lo envía preventivamente a prisión.

Viernes 19. La Corte Suprema emite un auto supremo en el que pide al juez Williams Dávila que se inhiba de conocer el proceso. El viceministro Llorenti lo califica como una ´vergüenza´ y alerta: ´Ni el Gobierno ni las víctimas daremos un paso atrás´.

Sábado 20. La abogada de las víctimas recusa al juez Dávila porque adelantó a los medios que iba a acatar la orden de la Corte, sin notificar a las partes.

Lunes 21 • Otro juez ordena que Fernández vaya a Sucre. Grupos afines al MAS rodean la cárcel para presionar contra Fernández.

Martes 22. La Suprema retrocede y dice que esperará los tres meses del confinamiento. El  Gobierno también lo hace y reafirma que Fernández está confinado, y se apresta a trasladarlo a un regimiento militar con ese fin.


Actores en el caso Leopoldo Fernández

1 Juan Ramón Quintana • Personalmente dirigió el operativo para detener al prefecto Fernández. La mañana del martes 16, lo esperó en el aeropuerto de Cobija, no le respondió el saludo y le ordenó que suba al avión, rumbo a su confinamiento en La Paz.

2 Wilfredo Chávez • Anunció que el Prefecto iba a ser juzgado por la vía ordinaria, y por eso se lo acusó de terrorismo. Se fue a la Corte, tras la decisión de un juez de enviar a Fernández a Sucre y declaró: "Voy a venir cuando me dé la gana al juzgado".

3 Sacha Llorenti • El Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales fue quien llevó el discurso político. Dijo que la Suprema sostenía una estrategia de encubrimiento e impunidad. Pero luego, volvió a mencionar el confinamiento.

4 Rubén Gamarra • El viceministro sorprendió cuando asistió a defender a dos cocaleros, que fueron detenidos por la Policía por robar equipos de comunicación y protestaban en contra de la salida de prisión de Fernández.

5 Williams Dávila • El juez 5º de Instrucción en lo Penal determinó el jueves 18 que Fernández sea detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro acusado de terrorismo. Luego se hizo recusar al declarar a los medios sin antes notificar.

6 Corte Suprema • Que es presidida por Eddy Fernández, solicitó el viernes 19 el traslado del ex prefecto además del expediente a Sucre. Ayer, anunció que aguardará el confinamiento para reanudar el proceso judicial.

7 Mary Carrasco • La abogada de las tres víctimas mortales de Pando acusó a Fernández de terrorismo, asesinato y asociación delictuosa. El sábado recusó a Dávila por “adelantar criterios” y el lunes al segundo juez, Álvaro Melgarejo.