Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

Este medio intentó una contraparte del aludido, sin embargo, su abogado, Karlo Brito, anunció que Fernández se pronunciará hoy, después de analizar las denuncias a fondo.

´En Cobija se tejió una red, encabezada por Leopoldo Fernández, de nepotismo para la distribución del IDH en pocas familias y la estructura de un aparato cívico político, apoyado en el Comité Cívico y la bancada de Podemos. El poder de Fernández se construyó sobre un aparato represivo que tiene articulaciones sociales´, explicó Quintana durante una rueda de prensa en la que no aceptó preguntas.

Denunció que en la estructura de la Prefectura de Pando hay al menos siete familiares del Prefecto suspendido, cuatro primos que desempeñan cargos como responsable de protocolo, subsecretaria, funcionario y consultor, mientras que tres sobrinas se desempeñan como profesionales y auxiliar. Todos llevan su apellido materno, Ferreira.

Presentó una lista de 10 contratistas, quienes también apellidan Ferreira. Según la autoridad, son seis primos, un tío, dos sobrinos y un esposo de una prima de Fernández, que tienen contratos para realizar obras para la Prefectura. No señaló específicamente cuáles, y detalló montos sólo en cuatro de ellas.

Mencionó que su prima Zillka Ferreira es la administradora del Servicio Departamental de Ganadería (Sedag).

Habló de la esposa del prefecto suspendido, Pilar Soria. Mencionó que su hermano y un primo trabajan en el Servicio Departamental de Caminos, y que dos primos y dos sobrinos lo hacen en la misma Prefectura.

Señaló que ´el Comité Cívico se puso al servicio de la Prefectura. La transferencia de recursos explica que no hay distinción entre ellos y por qué este último es el brazo político y administrativo´. Denunció que Ana Melena recibió 4 millones de bolivianos.

´Recibió cheques de la Prefectura por más de Bs 4 millones, pese a no tener relación administrativa, pero ella, durante el 2006, 2007 y 2008, recogió más de 60 cheques. ¿De dónde se obtuvieron los recursos para la encargada de movilizar y generar conflictos?, del IDH´.

Además, advirtió que su esposo, una prima y otra familiar son funcionarios de la Prefectura, mientras que cinco primos de la presidenta tienen contrato.

Entre estos últimos, destacó a Ronald Camargo, ´diputado de Podemos, propietario de Unitel-Pando, un periódico, y la empresa constructora San Mateo, gran contratista prefectural´.

De la misma forma, advirtió que el vicepresidente del Comité Cívico, Ricardo Shimokawa, tiene siete parientes funcionarios y uno contratista. El secretario general, Edberto Mayna, es también funcionario y tiene cinco parientes que reciben sueldo prefectural sin trabajar. Igual que el asesor Lizardo Melgar Lera, que tiene a dos allegados con sueldo, pero que no laboran.

Apuntó que los parlamentarios de Podemos Róger Pinto, Paulo Bravo y Ángela Murakami protegían a Fernández desde el Congreso y detalló tres obras que maneja Camargo y otros tres contratos suyos de propaganda en la red Unitel. De Murakami, especificó que tiene dos contratos de obras de construcción y una sobrina en la Prefectura.

ACNUR desmiente el refugio

La oficina en Brasil del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) negó ayer que la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena, haya recibido refugio.

En un comunicado oficial difundido en Brasilia, ACNUR aclaró que ni Melena ni ningún ´otro ciudadano boliviano que se encuentre en Brasil debido a los recientes episodios en su país de origen´ han recibido estatus de refugiados, como se informó el viernes en Bolivia.

ACNUR indicó que, además, las peticiones de refugio en Brasil son analizadas por el Comité Nacional para Refugiados (Conare), órgano del Ministerio de Justicia en el que ese organismo de las Naciones Unidas participa como ´invitado´, con derecho a voz pero sin voto.

Portavoces del Ministerio de Justicia brasileño dijeron que desde que se iniciaron los disturbios en Bolivia, 10 ciudadanos de esa nación andina han pedido refugio en Brasil. EFE