El Ministerio Público halló suficientes indicios que demuestran irregularidades en la adjudicación y entrega de 99 tractores por parte del ex ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra. Además, las investigaciones confirman que los beneficiados no fueron las organizaciones sociales sino personas particulares.
La fiscal de Recursos, Mirna Arancibia, informó ayer que en base a esos elementos el Ministerio Público presentó a la Corte Suprema la acusación formal contra Salvatierra para que, posteriormente, ese alto tribunal pida la autorización congresal para su procesamiento mediante un juicio de responsabilidades.
Arancibia explicó que uno de los elementos de la investigación fue los informes de la Contraloría General de la República. También dijo que en este proceso se descubrió que no existen documentos en el Ministerio de Desarrollo Rural sobre la compra y adjudicación de los tractores. “Eso nos lleva a suponer que existe una supresión o destrucción de
documentos públicos de dicha cartera en la que hubiera participado directa o indirectamente el ex ministro”, agregó.
La fiscal dijo que se ha establecido el delito de contratos lesivos al Estado, “porque son 99 tractores que han ingresado al país y han sido dispuestos arbitrariamente. Salvatierra suscribió contratos de adjudicación a personas que no cumplían los requerimientos de los decretos
supremos, como ser las organizaciones campesinas”.
Hugo Salvatierra es acusado de cuatro delitos: realizar contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y destrucción de documentos. Redacción Sucre