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“No hay ninguna persona considerada como refugiada, han traspasado la frontera; si tienen algo que temer de la justicia, seguramente han huido de dar testimonios, en ese caso se hablaría de gente fugitiva de la justicia”, manifestó ayer Chávez.

Luego acotó: “Hay un espacio que les está dando el Brasil, pero eso será un tiempo, no se puede aprovechar de aquello, pues el Estado reclama que la gente vuelva a su país”.

El Viceministro de Justicia precisó que el Ministerio de Gobierno debe coordinar acciones con su par de Brasil para conocer la situación real de los bolivianos en ese país y que debe gestionar su retorno.

Según la diputada Lourdes Millares (Podemos), quien conforma una comisión investigativa especial de la Cámara Baja, hasta la semana pasada, 590 bolivianos registraron su paso por Brasil. Estas personas vivirían en carpas acomodadas en plazas, en una cancha deportiva techada y repartidos también en domicilios particulares.

Estos bolivianos habrían huido a territorio brasileño dos días después de que se decretó estado de sitio en Pando, el viernes 12 de septiembre.

Por otro lado, el lunes, el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, afirmó que la cifra de confinados a La Paz llegaban a 15 personas. Según complementó ayer, estos detenidos “no están presos” y adelantó que se enviará una nota al viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, para que el tratamiento “sea más flexible y humano”.

Por su parte, según ANF, el presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz (Podemos), reprochó que hasta el momento el Estado no permita que los detenidos reciban visitas y tomen contacto con su familia.

“Éste es un acto reñido con las garantías y derechos que tienen los ciudadanos y que están amparados por la Constitución y los tratados internacionales que ha suscrito Bolivia en materia de derechos humanos, pero que ahora extrañamente se los vulnera”, expresó Ortiz.

Sin embargo, Chávez sostuvo que los detenidos, quienes permanecerían en un recinto militar, están en un lugar y cuentan con asistencia médica y servicios básicos.

“Están residenciados en un lugar hóspito, tranquilo, con asistencia médica permanente. He hablado con ellos, no tienen ninguna queja, se está restableciendo la comunicación”.

Un violento operativo militar confinó el lunes 15 de septiembre a 11 personas desde Pando, acusadas de tener cierta participación en los enfrentamientos. Las demás llegaron de forma paulatina.

Informe tardará mes y medio.

Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) iniciarán desde hoy una “tarea preparatoria” e investigativa sobre los violentos acontecimientos suscitados el 11 de septiembre en la localidad de Porvenir (Pando), y, según adelantaron, esperan lograr un informe en el transcurso de un mes y medio.

El coordinador de la comisión, Rodolfo Matarollo (Argentina), sostuvo que la labor inicial de esta comisión se basará en la recolección de testimonios, junto a profesionales en ciencia forense para elaborar un informe que contenga conclusiones y recomendaciones. La comisión está compuesta por tres delegados de Argentina, uno de Venezuela, otro de Chile, Brasil, Bolivia y Perú y, según Matarollo, hasta ayer se esperaba la llegada de representantes de Ecuador, Colombia, Paraguay y de Uruguay.

Seis venezolanos muertos

El periódico “Noticias 21”, de Caracas (Venezuela), informó, en su edición del 26 de septiembre, que seis venezolanos, supuestamente muertos en los acontecimientos del 11 de septiembre en Porvenir (Pando), fueron repatriados a su país.

“Los cadáveres de los seis venezolanos muertos en los sucesos, entre oficialistas y separa- tistas en la región de Pando, fueron repatriados a Venezuela abordo de un avión Hércules, que aterrizó al mediodía del lunes pasado en la base militar Libertador, en la zona de Palo Negro de Maracay, estado Aragua”, se lee en la edición del matutino.
El periódico dice que “algunos de ellos” eran efectivos militares vestidos de civil, armados y sin credenciales y sus cuerpos fueron recibidos con honores.