Temas críticos del proyecto de CPE
José Luis Orihuela Aquin*

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El diálogo entre el Gobierno y los prefectos se trabó por observaciones de fondo a la Constitución Política del Estado (CPE) del Movimiento al Socialismo (MAS), las que pueden traer graves consecuencias en la vida del ciudadano común. Pese a ello, el oficialismo no escucha razones y se resiste a cambiar “una coma” de su proyecto.

En el tema de Justicia, encontramos a la ordinaria para los habitantes de la ciudad y a la comunitaria para la gente del campo. La jurisdicción indígena originaria campesina no cuenta con normas escritas que establezcan delitos y sus penas, lo cual ocasionaría que la autoridad judicial comunitaria cometa excesos o que el criminal escoja la jurisdicción que más le convenga, afectando al estado de derecho y la seguridad jurídica.

En cuanto a los cargos públicos, el artículo 235 exige que los postulantes aprendan dos idiomas oficiales para acceder a un puesto público: el castellano y el de una etnia. Ésa es una abierta discriminación a los derechos fundamentales de las personas porque, en la práctica, no existiría la posibilidad de aprender uno de los más de 30 dialectos o idiomas que se hablan en Bolivia, ya que en su mayoría carecen de escritura.

Uno de los artículos que preocupa a la Iglesia Católica se refiere al “respeto a los derechos sexuales y reproductivos” (Art. 66), concepto ambiguo que permitirá diferentes interpretaciones de orden legal, se ajustará al interés particular y se abrirá una puerta peligrosa para legalizar el aborto.

Sobre el enriquecimiento ilícito, el artículo 333 dispone que se levantaría el secreto bancario sin ningún tipo de autorización legal. Además, cuando se “presuma” la comisión de un delito financiero, basta que alguien acuse, incluso sin pruebas, para que se pueda violar la confidencialidad de forma abusiva e indiscriminada.

La educación privada de los hijos tendrá una influencia ideológica muy fuerte del Estado, ya que todo establecimiento educativo privado, para su funcionamiento, deberá sujetarse al cumplimiento de requisitos que el Gobierno le imponga bajo su propia visión. De este modo se limitará la libertad de enseñanza y de conciencia.

Finalmente, el artículo 411 es el más preocupante. Establece la reforma total y parcial de la Constitución Política del Estado. La reforma parcial se podrá realizar a iniciativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional (actual Congreso Nacional), mediante una ley aprobada por simple mayoría de votos, sin necesidad de construir consensos. Este sistema es el cheque en blanco que busca el MAS porque, a corto plazo, el Gobierno podrá borrar de un plumazo cualquier posible acuerdo con la oposición. Y no sólo eso, tendrá la facultad de realizar cambios sustanciales en la Constitución, simplemente para satisfacer intereses y caprichos políticos.

*José Luis Orihuela A.
es abogado.