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Las tres incluían un pacto de no violencia y un compromiso para no impulsar acciones judiciales ni persecuciones políticas.

Según las propuestas, la primera definía una ampliación del plazo del diálogo por una semana y la conformación de una comisión para revisar el proyecto de texto constitucional, temas que desaparecieron en el segundo documento porque fueron observados por los oficialistas.

La segunda señalaba un compromiso de que la ley de convocatoria al referéndum constitucional se impulse luego de que concluya una auditoría al Padrón Electoral, lo que también fue rechazado. Finalmente, los prefectos ofrecieron sólo el pacto de no violencia, que también fue rechazado.