Un boliviano clama a Cuba por su hija Manuel Rodríguez acusó a la embajada cubana de apoyar a su ex esposa a sacar irregularmente a Manuela del país, el 2006. Una investigación señala que hubo comunicación entre la madre y funcionarios de esa legación antes del hecho.
Manuel Rodríguez dice que la Embajada de Cuba en Bolivia contribuyó a que Manuelita sea llevada a la isla sin autorización judicial. La oficina diplomática rechaza la denuncia.
“Dos años sin la sonrisa de mi hijita... ¿Puede existir un dolor más grande?”. La voz de Manuel Rodríguez Cornejo se quebranta al recordar a Manuela, su hija. El 2006, la niña salió del país hacia Cuba, junto a su madre, sin una autorización judicial y, por ende, sin el consentimiento del padre.
Rodríguez, quien desde entonces no tiene ningún contacto con la menor, denuncia que este hecho irregular se realizó bajo el amparo y el apoyo logístico de la embajada cubana en La Paz. Ahora, clama a las autoridades de ese país el apoyo para que su pequeña hija retorne a su hogar.
La embajada cubana negó ayer las acusaciones de Rodríguez —nacionalizado español— y señaló que el caso de Manuela compete al ámbito judicial.
“Llevo dos años denunciando este secuestro. Hasta al mismo Congreso llegué, pero sin ningún resultado concreto”, lamenta Rodríguez, quien actualmente lleva adelante un proceso penal en el país por el delito de sustracción de menor en contra de su ex esposa, Ivette Velaz Saba (cubana, nacionalizada boliviana, e hija de un ex dignatario del gobierno de Fidel Castro), y la madre de ésta, Guadalupe Saba.
El 6 de septiembre del 2006, el juzgado 5º de Partido en la Familia de Cochabamba otorgó al padre la custodia legal de Manuela. “Mi ex cónyuge, lamentablemente, llevaba varios años con problemas de adicción a las drogas, como consta en los estudios médicos que presenté al juzgado”. 20 días después del dictamen judicial, Manuela desapareció de su hogar en Cochabamba.
“Me enteré que la llevaron a Cuba, no entendía cómo lo habían hecho si la norma del país impide la salida de un menor sin la autorización de ambos padres. Luego de iniciar el proceso penal, las indagaciones fiscales mostraron el accionar del embajador cubano (Rafael Dausá)”.
Según Rodríguez, que citó las conclusiones de las investigaciones realizadas por la fiscal Cinthia Prado Quiroga, el 26 de septiembre las dos mujeres y la pequeña abordaron un vuelo comercial hacia Santa Cruz. Un día después, según consta en la documentación oficial, una nave de la aerolínea Cubana de Aviación —con matrícula CUT-IL62— salió del aeropuerto de Viru Viru hacia la capital cubana, La Habana.
De acuerdo a Rodríguez, fue en este vuelo que salió de forma ilegal su hija, luego de la gestión del Embajador de Cuba en Bolivia.
No existe ningún registro oficial sobre la salida ese día de la pequeña ni de su madre en Migración. Uno de los documentos que la norma exige en estos casos es el llamado flujo migratorio, donde se registra el nombre del viajero, la fecha de salida, la aerolínea utilizada y el destino final, entre otros.
“En el informe se constata que el vuelo llegó de Cuba a Bolivia transportando medicamentos. Hay evidencia de que el embajador (Dausá) estaba allí. Estamos seguros que gestionó con su investidura diplomática el ingreso de mi hija al avión burlando todos los procedimientos requeridos por la norma boliviana”.
El padre de Manuela informó que la Fiscalía de Distrito pidió a la administración de Cubana de Aviación que entregue la lista de los pasajeros de ese día. Sin embargo, se negaron a hacerlo.
Rodríguez reveló que, a través de un requerimiento fiscal, el 20 de septiembre una empresa de telecomunicación nacional confirmó que desde cinco números de teléfono que corresponden a la embajada cubana y a la residencia del embajador en La Paz se comunicaron con celulares de Ivette Velaz y Guadalupe Saba.
“Poco después de la salida de mi hija, contraté a detectives en La Habana para que encuentren su paradero. Me consiguieron la dirección y el teléfono, sin embargo cuando escucharon mi voz colgaron y bloquearon la línea”.
La Razón intentó hablar con la fiscal del caso, quien pidió no emitir declaración, al ser un caso que involucra a un menor.
La Embajada de Cuba, entretanto, rechazó ayer las acusaciones. “Cuba es respetuosa de la paternidad”. La legación informó que la madre de Manuela instauró un juicio en Cuba para lograr la custodia legal de la pequeña.
Se obstaculiza el proceso
El abogado del padre de Manuela, Orlando Vargas, denunció ayer que las autoridades diplomáticas cubanas en Bolivia obstaculizan el proceso judicial que el padre de la pequeña instauró en contra de Ivette Velaz y Guadalupe Saba.
“Han obstruido todos los trámites que hemos hecho por intermedio de la Embajada de Cuba. Es el caso de las legalizaciones de las notificaciones vía exhortos suplicatorios. Se han negado a legalizarlos. Dicen que primero deben consultar a su Gobierno el contenido del texto y hasta ahora nada”, manifestó.
Vargas informó que el Departamento Jurídico de la Cancillería recién este lunes accedió a enviar los requerimientos hasta La Habana, para que sean ejecutados por la embajada boliviana.
“Está claro que la Embajada de Cuba obstaculiza el proceso. Eso sólo ratifica su participación en los hechos ilegales”, dijo.
DATOS DEL CASO
Matrimonio • Siete años duró el matrimonio de Manuel Rodríguez, boliviano nacionalizado español, y la doctora cubana Ivette Velaz. La pareja tuvo una hija, Manuela, quien tiene las nacionalidades boliviana y española. El matrimonio concluyó con una sentencia de divorcio y la decisión de la jueza de familia de otorgar la custodia de la niña al padre, ante la adicción a las drogas de la madre.
Ilegal • Manuela salió del país, presuntamente el 27 de septiembre, sin la obligada autorización que debe ser emanada por el Juzgado Titular del Menor para cualquier viaje al exterior. Este requisito se pide incluso cuando un niño está junto a uno de sus padres.
Contraparte • La jueza de familia que atendió la causa, la abogada Tatiana de La Fuente, solicitó a las autoridades cubanas mediante un exhorto suplicatorio que se envíe una notificación a Velaz “porque la obligación del juez es oír a la otra parte y saber en qué situación se encuentra la niña”. Sin embargo, la cónsul cubana en La Paz, Oneida Baro, se ha negado a legalizar las firmas. Con datos de El País, de Madrid.