El último escenario
José Luis Orihuela Aquin*

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Tras la culminación del diálogo entre Gobierno y Prefectos sin la firma de un acuerdo, en todo el país se percibe un clima tenso de inestabilidad e incertidumbre ante el posible reinicio de marchas, bloqueos y cercos de partidarios y contrarios a la aprobación del proyecto de Constitución Política del Estado del Movimiento Al Socialismo. El resultado de las reuniones de Cochabamba fue la redacción de un nuevo capítulo de autonomías que incluye un cambio significativo, se definieron tres niveles de descentralización: departamental, municipal e indígena, y un cuarto regional que sería optativo. La conformación de cualquiera de estos niveles no implicará una reconstitución territorial; además, las regiones tendrán competencias legislativas exclusivas. Pese a estos avances, los prefectos no terminaron convencidos ya que señalaron que aún se debía revisar otros temas del proyecto de Constitución. De esa forma y pese a que el Congreso de la República no tiene las facultades legales para modificar el texto del proyecto de Constitución, la discusión se trasladó a ese poder gracias a que existe voluntad política del Gobierno y de los parlamentarios de la oposición para consensuar una Carta Magna que sea aceptada por todos los bolivianos. Algunos de los temas que encarará la comisión parlamentaria son: la estructura del Estado, el Poder Judicial, sistema electoral, recursos naturales y los mecanismos de reforma de la Constitución. Así, el Poder Legislativo será el último escenario de debate y negociación política para entregarle a la sociedad lo que tanto demanda, una nueva Constitución Política del Estado que sea producto de la concertación, que no tenga problemas de legalidad y legitimidad, que no se aplique por la imposición o por los cercos de los llamados movimientos sociales, ya que esas acciones dividen y enfrentan cada día más a los bolivianos. Un hecho a destacar del actual proceso de concertación es que ahora es posible lograr acuerdos porque el Gobierno cambió negociadores en el diálogo en Cochabamba, dejando al margen a sus interlocutores radicales que sólo entorpecían estas reuniones y las hacían fracasar. Si el presidente Evo Morales quiere que se materialice el proceso de cambio en Bolivia, sus partidarios, simpatizantes y milicianos no deben poner plazos ni presionar al Congreso, porque la situación política y social del país está en su momento más critico y, a partir de ahora, cualquier decisión que tome el Gobierno en torno a la aprobación de su Constitución puede desencadenar repercusiones muy graves. Por responsabilidad con el país, el Gobierno no debe actuar bajo consignas ideológicas. Hoy, el futuro de los bolivianos está en juego.