Por la libertad de expresión
Verónica Ormachea Gutiérrez

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La ilegal e ilegítima nueva Constitución Política del Estado que el Gobierno pretende aprobar dice, en el artículo 108 inciso II, lo siguiente: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad”.

A raíz de esto, seis organizaciones periodísticas, así como los medios de comunicación social de todo Bolivia, solicitaron la eliminación de ese artículo ya que pone en riesgo la libertad de prensa y expresión, pilares fundamentales de la democracia, y viola acuerdos internacionales suscritos por Bolivia.

La temática de dicho artículo no es ninguna novedad porque está contemplado en todos los códigos de ética de las organizaciones periodísticas. Pero, en este caso, toma un matiz distinto. Este podría convertirse en ley y el actual y futuros gobiernos podrían enjuiciar y apresar a periodistas o clausurar a los medios de comunicación que crean convenientes o que no estén de acuerdo con sus políticas ni al servicio de sus intereses.

Dicho artículo es una arremetida más del presidente Morales contra la prensa. Recordemos que nos acusó de mentirosos, corruptos y, un par de veces, ha dicho que somos sus peores enemigos.

Hace 83 años existe la Ley de Imprenta y sólo un Tribunal de Imprenta tiene la atribución de juzgar la ética profesional de un periodista. No le toca a un fiscal o a un juez (probablemente puesto por el Gobierno) enjuiciar a la prensa.

Este, un error más de Evo. Esta política gubernamental es parte de las constantes agresiones físicas y amenazas de que han sido víctimas los periodistas y los medios.

Desde enero de este año ha habido 110 denuncias contra agresiones a periodistas y a medios de comunicación. Hubo un muerto, Mario Quispe; seis periodistas pandinos se encuentran en Brasilea porque están amenazados; y hace dos días un grupo de hombres armados y encapuchados del Gobierno apresó ilegalmente al comentarista y activista pandino Jorge Melgar. Un fiscal dijo que los cargos contra Melgar serán por terrorismo, sedición y por atentar contra la seguridad de servicios públicos a raíz de lo ocurrido en Pando. Su hijo, testigo del hecho, aseguró que fue detenido por militares bolivianos y venezolanos.

El Gobierno y el Conalde acordaron que para llevar las negociaciones de forma pacífica sobre la nueva CPE y otros temas, aquél no cometería detenciones. Pero el Gobierno ha incumplido su palabra y ha apresado a varias personas.

Lo que ocurre ahora es parecido al tiempo de las dictaduras. En realidad, vivimos en una dictadura, ya que el Gobierno quiere tener el control de todo. Evo se siente muy seguro por haber sido ratificado con el 67% en el último referéndum. Una consulta cuestionada ya que en el Padrón Electoral han aparecido 250.000 nombres clonados o falsos.

El portavoz del Gobierno, Iván Canelas, dijo que es partidario de revisar el artículo. No es cuestión de revisarlo, hay que eliminarlo. Si no lo hacen, Evo terminará de ahondar sus malas relaciones con la prensa.

*Verónica Ormachea G.
es periodista y escritora.