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Según el director nacional de esta institución, Juan Carlos Rojas, en dichos procesos se encontraron irregularidades como la utilización de fotocopias sin valor legal, documentos duplicados y expedientes agrarios de propiedades inexistentes, entre otros.

Por su parte, el propietario de uno de los predios, Fernando Romero Pantoja —ex prefecto de Beni y actual senador suplente por el MNR—, señaló que la determinación del INRA no es más que “una maniobra política del actual partido gobernante”.

La Razón no pudo contactar al dueño del segundo predio observado, el empresario brasileño Vladimir Martins, quien también fue acusado de presentar documentación fraudulenta.

En una conferencia de prensa, ayer Rojas aseguró que durante el proceso de saneamiento de estas dos propiedades se realizó apropiación de tierras fiscales, el desplazamiento de expedientes de Beni a Santa Cruz y la introducción de datos irreales.

“El 19 de agosto de este año, el viceministro de Tierras (Alejandro Almaraz) denunció los problemas en estos trámites. Tras una investigación, hemos (el INRA) determinado, el lunes 13 de octubre, que se anularán los obrados hasta el momento de las irregularidades”, explicó Rojas.

En el caso del polígono Martins, esto significaría el retroceso de los trámites hasta la evaluación técnico jurídica.

“En este caso debemos valorar la información que se ha conseguido en la investigación, van (los dueños) a tener una nueva evaluación acerca del cumplimiento de la función económico social y la legalidad”, dijo Rojas. Según los datos del INRA, el polígono denominado Martins comprende unas 26 mil hectáreas.

En el caso de las propiedades Romero Pantoja, que tienen una superficie de 74.133 hectáreas, el INRA iniciará el proceso de saneamiento completo, ya que los vicios de nulidad han estado presentes desde el inicio del proceso.

Sin embargo, Rojas aclaró que estas medidas no significan la reversión total de los predios al Estado. Aseguró que se respetarán los documentos de propiedad que estén legalmente establecidos, pero “si existen algunas tierras que no son legales, éstas regresarán a ser fiscales”.

Los nuevos procesos de saneamiento tomarán entre tres y seis meses a partir de la notificación de los involucrados. Los propietarios podrán presentar recursos.