Recursos naturales y proyecto de CPE
Dionisio J. Garzón M.*

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Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado. Se respetará y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la tierra”, declara el párrafo dos, inciso II, del artículo 312 del proyecto de Constitución Política del Estado (PCPE) que se quiere aprobar. “La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en la toma de decisiones”, acota el punto III del Art. 351. “La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada”. “En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”, añade el Art. 352.

He tratado de entender el “alma” de lo que se quiere implementar en cuanto a organización económica del Estado y manejo de recursos naturales; por más que intento, no consigo ver cómo se podrán aplicar eficientemente estos enunciados (entre otros del mismo estilo que me llamaron la atención) y generar una dinámica de aprovechamiento adecuado de recursos naturales en un país que, aun teniendo la liberalidad de la Constitución actual, no ha podido generar esa dinámica.

La ecuación del “qué” y el “cómo” en esta coyuntura, como en todas a lo largo de la historia, determinará los resultados; la preponderancia de factores y actores políticos (el qué) en el PCPE, sobre factores y actores técnicos que debieran ser el pivote que justifique la operabilidad de los enunciados (el cómo), tendrá como resultado (tal como se vienen los acontecimientos) la depauperación de los medios de producción y de generación de riqueza. En un anterior artículo apuntaba que la riqueza se compone de tres elementos clave: el capital natural (bosques, minerales, acuíferos, tierras fértiles etc.), el capital producido (fábricas, infraestructura industrial y urbana, servicios, etc.) y el capital intangible (educación, calidad de instituciones, Estado de Derecho, transparencia, estabilidad, creencias y actitudes, etc.). De esos tres factores, el decisivo es el capital intangible, que equivale a las cuatro quintas partes del capital total, porque es el que permite la conversión del capital natural en riqueza creada. En los enunciados del PCPE se deja la definición de los “negocios” (la consulta previa y el control social) al segmento con menos capital intangible y la administración de los emprendimientos al segmento con menor capacidad de generar capital producido (el Estado). Aquí no pretendo arremeter contra la visión de país del PCPE, pero estimo una obligación el puntualizar la viabilidad o no de sus postulados.

Una Constitución, además de fijar la visión económica estructural, que en el caso presente está claro es de preponderancia estatal, debiera tener pautas de operatividad y de competitividad que hagan funcionar el esquema. En el PCPE, por el contrario, se ponen lo que podemos llamar “candados” de control y de consulta que, aparejados con la declaratoria de reservas fiscales, el incremento de la carga tributaria, la limitación de inscripción de recursos en las bolsas de valores (Art. 359) a los agentes estatales, entre otros, dejan la responsabilidad de la delicada maquinaria del desarrollo de recursos naturales al escaso margen de acción de la burocracia estatal.

Históricamente hemos vivido muchos fracasos en intentos similares que han terminado en lo que hoy somos: un país de lento crecimiento, de desarrollo marginal que se reparte las migajas de su capital natural en luchas sectoriales de rentismo puro y simple. Debiéramos buscar un equilibrio entre los segmentos sociales más aptos en cada caso y repartir el peso y la responsabilidad de generar riqueza (de eso se trata) a partir de los recursos naturales; fíjense cómo ahora en un entorno político como el que pretende el PCPE, la perla de la economía es un proyecto minero que genera más del 50% del crecimiento del PIB y que se generó en condiciones políticas diametralmente opuestas.

El mensaje es claro: equilibrio y aptitud; eso deberían reflejar el PCPE y la futura Constitución.

*Dionisio J. Garzón M.
es ingeniero geólogo. Ex ministro
de Minería y Metalurgia.