¿Para qué una nueva Constitución?
Sergio P. Luis*

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Ya estaba disipándose la tensión. El oficialismo y la oposición —capitulación mediante— habían llegado a un “consenso” sobre el proyecto de Constitución del MAS, alejando así el grave peligro de enfrentamiento fratricida. Inclusive se recibían felicitaciones del exterior. Este clima de tranquilidad ha terminado; vuelve la prepotencia oficialista en el afán de desconocer los derechos de los demás y anuncia, con aspereza, que no acatará una decisión de la justicia, es decir, el fallo del hábeas corpus planteado por Leopoldo Fernández, detenido ilegalmente en La Paz. Simultáneamente, se arresta, con caracteres de secuestro, a dos ciudadanos en Santa Cruz, los que fueron conducidos a La Paz para su “juzgamiento” fuera de la jurisdicción y competencia que corresponde según la ley.

El anuncio gubernamental de que no cumplirá el fallo favorable a Fernández —no de exculpación, sino de obligar a que se respete el procedimiento legal para estos casos— fue “explicado” por tres funcionarios.

Se advierte fácilmente el cinismo cuando las explicaciones son, a la vez, producto de la demagogia, la falacia y la torpeza. Se trató de buscar recovecos a la ley y así desconocer, con impavidez, las garantías individuales y el derecho al debido proceso. Con el capricho, la inquina, el abuso y las actitudes sectarias, se procuró prevalecer sobre la Constitución y las leyes. Ya el Presidente dio el ejemplo para erosionar el Estado de Derecho cuando afirmó que, cuando le dicen que una medida del Gobierno podría ser ilegal, él “le meto (sic) nomás” y luego ordena a sus abogados que legalicen la tropelía, porque, para eso, ellos han estudiado Derecho.

El ministro “declarador” (los otros dos son de menor cuantía) en el usurpado papel de juez y parte, exhibe la frustración del populismo, porque es ostensible su propósito de usar cualquier acción vedada para destruir políticamente a un adversario. Y se indigna porque la justicia ha puesto en evidencia la arbitrariedad cometida y porque el fallo, que tanto disgusta a los populistas, tiene sustento legal y es difícil de objetar con argumentos torcidos.

Ya era evidente —ahora se confirma— el afán de imponerlo todo, sin más ley que la conveniencia política. Esto también confirma que el proyecto adoptado en La Glorieta y Oruro se orientaba a establecer un régimen despótico y racista, cuya esencia autoritaria persiste en el concertado, pese a los remiendos que se le hizo al mamotreto, con la complicidad de colaboracionistas que militaban en una oposición ya vencida y copada por el populismo.

El oficialismo ya ha perdido el pudor. Ahora muestra sin disimulo los afanes autoritarios y su ansiedad por alcanzar el poder total, para ejercerlo sin ley, eliminando la libertad y los derechos democráticos. Lo que no se comprende es que el populismo, a través de los “movimientos sociales” y los activistas a sueldo, siga empeñado en que se apruebe una nueva Constitución que inexorablemente también será violada por un régimen que, con la ilegalidad y el enfrentamiento, se encamina a la dictadura.

Entonces, ¿para qué el MAS, el Presidente y toda su cohorte necesitan una nueva Constitución?

*Sergio P. Luís
es profesional independiente.