Los acuerdos del 21 de octubre
Salvador Romero Pittari*

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Los acuerdos logrados en el Congreso al amanecer del 21 de octubre de 2008 referidos a modificaciones al proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Constituyente son una prueba de que los bolivianos queremos seguir caminando juntos; de que los 500 años de vida en común, con sus logros y sus fallas, con sus complicidades y sus malos entendidos, no han pasado en vano; de que en ese lapso se han establecido sólidos vínculos afectivos, materiales entre los pueblos y los hombres del país. Constatación que no implica juzgar sobre el documento constitucional, sobre sus fortalezas y fragilidades y cuyo destino dependerá del próximo referéndum y que, según confesó el Jefe del Estado, por estrategia fue presentado a la sociedad en una versión dura, para negociar. Tampoco se puede apreciar cuidadosamente la bondad de la estratagema que prima facie tuvo un alto costo social y humano, político y económico para los bolivianos.

Por ahora juzgo más útil destacar los acuerdos obtenidos —sin duda un comienzo, no una meta— pero que tienen un alcance nacional, más allá de los intereses de las agrupaciones que los concertaron. No deberían, por lo tanto, ser tomados por los participantes como una victoria de uno u otro partido. La verdadera presión sobre los negociadores no fue física, sino moral; provino de la inmensa mayoría de la nación deseosa de convivir en paz, de una opinión pública cansada de la violencia, de la guerra de insultos, de las intimidaciones que degradan a todos los ciudadanos.

Entonces, ¿cómo no juzgar innecesariamente provocadores, soberbios, los discursos del Gobierno cuando despedía a los “marchistas”? Se diría que los conductores no aprendieron la lección de la historia política reciente del país: la de no atacar, hostigar innecesariamente a las personas con convicciones y plantea- mientos diferentes ni a la población que los respalda. Tal vez se trata de otra estrategia, ahora que toda la política parece reducirse a esas movidas. ¿Acaso no aquilataron la gravedad del error de quienes empren- dieron procesos para cerrar las radios del oponente o para desaforar representantes nacionales que molestaban? Hace rato que los ciudadanos se han dado cuenta del disparate que es conducir a la cárcel o poner al margen de la ley a las agrupaciones, organizaciones, sindicatos que se levantarán contra esas disposiciones. Los actores políticos también ganarían si consiguiesen sortear tales trampas. Así, para qué soltar la lengua que amenaza, que hiere sentimientos, creencias de quienes toman posiciones distintas a las propias.

En las democracias plurales, atentas a la multiculturalidad, más que en las tradicionales, los gobernantes deben respetar el derecho de las minorías e inclusive, en los momentos en que el interés nacional está en riesgo, buscar compromisos serios aun a costa de sus propias políticas. Cierto, no existe norma jurídica capaz de dosificar los derechos de las mayorías y minorías con precisión. El asunto queda librado a la prudencia, a la lucidez de los gobiernos. Ahí radica la prueba de quienes son estadistas y de quienes ejercen el poder sólo por ambición o por interés particular.

Los discursos encendidos, desbocados, ponen en peligro la democracia, como lo entendió Platón cuando dejó de creer en la ciudad ideal de raigambre totalitaria, como todas las utopías, y se dio vuelta para considerar la realidad política en la cual vivía, que atravesaba por aquel entonces difíciles circunstancias. Se preocupó por el papel de la palabra en la democracia, que es un régimen político donde el discurso constituye el instrumento básico de su desempeño. La palabra que se pervierte, que pierde su significado, constituye el mayor peligro para la vida del sistema. El discurso es la manera de intervenir en los negocios de la ciudad. Todo ciudadano tiene derecho a dar su opinión sobre las políticas, las propuestas, los actos de sus gobernantes. Pero cuando la palabra se pone al servicio exclusivo de los apetitos, de las ambiciones de los bandos en conflicto; cuando pierde su racionalidad e inventa hechos que califica como reales; cuando los diálogos se transforman en monólogos paralelos, ¿quién puede entonces arbitrar entre interlocutores que no desean comprenderse? El régimen puede perecer, entregándose a menudo al tirano. Pero Platón juzgó que en la misma palabra radicaba la posibilidad de salvarse de los extravíos devolviéndole su significado, su racionalidad, cortando sus tergiversaciones. Inflar los términos para mostrar lo que se quiere es el mecanismo para atizar la conflictividad. La prudencia de la expresión, ajena a la fanfarronería, garantiza la posibilidad de diálogos que lleguen a su fin.

Todos concuerdan en que el gobierno elegido democráticamente, por mayoría de votos, debe desarrollar sus propuestas, convertirlas en políticas de Estado, respetando la legalidad y la oposición. Pero no basta decir que el propósito de las transformaciones es producir la revolución; discurso que ya hemos escuchado en muchas otras ocasiones, y con alcances distintos, para justificar el incumplimiento de las normas procedimentales y sustantivas en provecho de la arbitrariedad, para imponer sacrificios en el presente mostrando beneficios por llegar que quizá nunca se verán.

Ojalá el sentido de los acuerdos recientemente conseguidos no se desvirtué por la arrogancia de quienes, sin razón, se piensan ganadores de algo que en esencia es un acuerdo, no un cheque en blanco. Si éste los favorece, sería una buena jugada; estilo de actuar que está de moda, no alardear, no irritar a los demás.

La democracia en Bolivia, que ya lleva varios años de existencia, descubre que su fortaleza hasta hoy se encuentra en la aceptación honesta de la pluralidad. No hay que minimizar los argumentos ni las motivaciones que mueven a los que no ganaron la elección nacional. La derrota electoral no es un argumento válido para descartar la racionalidad del contendor. Dondequiera que se produzca una discrepancia profunda entre el Gobierno y sectores importantes de población, no atenderlos puede desembocar pronto en el autoritarismo o, peor aún, en la violencia que nadie desea verlos reaparecer.

*Salvador Romero P.
es sociólogo.