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El ministro José Luis Baptista, presidente de la Sala Penal II, dijo que el Fiscal había cambiado totalmente de criterio. Recordó que esa autoridad, el 15 de septiembre comunicó a la Suprema el inicio de las investigaciones contra Fernández, Miguel Becerra y Abraham Cuéllar por el delito de genocidio por los hechos de Pando.

Según Baptista, el Fiscal señala en su memorial que, después de un análisis, llegó a la conclusión de que “los delitos por los cuales se pretende iniciar el proceso son delitos que deben ser sometidos a la jurisdicción ordinaria”, porque Fernández no habría cometido en el ejercicio de sus funciones, sino como un ciudadano particular.

El ministro afirmó que coincide con las decisiones asumidas por el Tribunal de hábeas corpus de la Corte Superior de Chuquisaca, que anula las actuaciones del juez Williams Dávila y ordena el traslado de Fernández a Sucre, en un plazo de 48 horas; además, que dispone que el Fiscal General reasuma las investigaciones.

Baptista afirmó que si las decisiones asumidas por el Tribunal de hábeas corpus no son acatadas, en este caso si el gobernador de la cárcel de San Pedro no cumple con la resolución, éste puede ser procesado por desobediencia a órdenes judiciales; similar situación se presenta con el Fiscal General”. Es decir, con el proceso penal. Redacción Sucre

Suspenden a una autoridad

El Consejo de la Judicatura suspendió ayer al presidente de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca, Fernando Iriarte, por supuestamente usar un vehículo oficial para un motivo que consideró particular.

“Es una perversidad diabólica e ilegal tratar de devaluar a algunas autoridades”, comentó a ATB la ministra de la Suprema, Rosario Canedo, a quien el presidente prestó el vehículo para viajar a Santa Cruz. Ella aseguró que lo hizo además con la autorización de la máxima autoridad de la Corte Suprema.

La autoridad sancionada aseveró que esto no es más que una persecución del consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida, porque el proceso ya había sido archivado anteriormente.
“Seguramente hay una instrucción, porque ustedes ven que no hay pruebas. Sin embargo, se abrió la causa de todas maneras”.

Mientras tanto, las autoridades del Consejo de la Judicatura prefirieron no emitir criterios al respecto. Pero, deberán contestar un recurso presentado por la autoridad sancionada, que los acusa de no tener competencia.