• LA DEMOLICIÓN • Dos gendarmes de la Intendencia Municipal de Santa Cruz vigilan la maquinaria que destruye una de 120 casas. Fue el martes, a 17 km de la urbe cruceña.

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Esa fue su respuesta ante la consulta de si la Alcaldía devolverá el dinero que se perdió por la demolición, realizada por la Intendencia, de 120 viviendas financiadas por el Gobierno.

El monto del daño llegaría a los 9,5 millones de bolivianos, según el viceministro de Vivienda y Urbanismo, José Lambertín.

El martes, bajo el argumento de ser un terreno perteneciente al municipio cruceño, funcionarios ediles enviaron maquinaria pesada y gendarmes hasta el Km 9 de la carretera al norte. Demolieron 120 casas construidas con fondos del Gobierno, del Programa de Vivienda Social.

Cabrera aseguró que el alcalde Percy Fernández desconocía que se realizaría el operativo y por ello se destituyó a seis funcionarios, entre ellos dos oficiales mayores y dos directores. “La última posibilidad, ante la usurpación de terrenos, era la demolición, pero esto debía pasar por la autorización del Alcalde y no por funcionarios de segundo, tercero o cuarto nivel”.

Anunció que se remitirán los antecedentes documentales de los expedientes municipales hasta el Ministerio Público. 

En La Paz, ayer, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, informó que el Gobierno se querellará contra la Alcaldía cruceña por la destrucción de las viviendas. El viceministro Lambertín indicó que 760 personas fueron afectadas y que las casas que fueron demolidas tenían que ser entregadas a fines de octubre.

Comentó que “los tractores, que otrora nos podían ayudar a construir escenarios de futuro, se están convirtiendo en tanques de guerra y una nueva forma de hacer terrorismo”.

Por su parte, Gabriela Montaño, delegada presidencial en Santa Cruz, declaró al canal guber- namental y denunció que “Germán Camacho Cuéllar y su abogado Otto Richter Méndez fueron quienes iniciaron un proceso en contra de los beneficiarios y pusieron un montón de procesos administrativos para evitar que se construyan estas viviendas”.

Mencionó que Camacho tendría un terreno de 116 hectáreas cercano al sector donde se construyeron las viviendas y que “él tenía programado hacer en esos lugares espacios de recreación y viviendas lujosas, y no le convenía tener un vecindario de gente humilde o de clase media”. El alcalde de Warnes, Nils Carmona, realizó la misma denuncia. El martes, comentó que “no creo que sea Percy el responsable. Imagino que es una bravuconada de sus funcionarios”.

El fiscal de Distrito, Jaime Soliz, indicó que designó a tres fiscales para que investiguen el hecho y que ayer en la mañana se emitieron las citaciones respectivas para que los funcionarios municipales declaren.

“No vamos a permitir que se quede en la impunidad. En tal sentido hemos conformado un consejo de fiscales cuya finalidad es investigar a todos los funcionarios que tuvieron que ver con la demolición”, dijo Soliz y agregó que “preliminarmente los delitos por los que se acusará serían por destruir bienes del Estado, conductas antieconómicas, además de daños calificados en contra de intereses de la población social”.

Entre los municipios de Warnes y Santa Cruz existen conflictos limítrofes. Oswaldo Peredo, concejal del MAS, explicó que hay un convenio donde el Alcalde de Warnes dice que no se siguen las construcciones y Percy afirma que no hay demoliciones.

Montaño y Carmona señalaron que la Alcaldía de Warnes aprobó la documentación para la construcción de las viviendas.

El presidente del Concejo, Enrique Landívar, afirmó que “tenemos todos los documentos que indican que esos terrenos son del municipio cruceño”. Relató que el conflicto limítrofe “viene del pasado año y estaba en pleno proceso”.

Unitel entrevistó a uno de los despedidos, Ernesto Gómez, director de Seguridad Ciudadana, quien dijo que la orden de demolición fue firmada por el Oficial de Planificación. 

Ayer se designó a Edmundo Fará como el nuevo oficial interino de Planificación y a Gary Prado como oficial de Defensa Ciudadana. Redacción Central y Santa Cruz