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La Comunicación Interna (CIDRU N° 86/08) fue presentada ayer por el director de Seguridad Ciudadana, Ernesto Gómez, a la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz. Gómez instruyó al comandante de la Guardia Municipal, Adolfo García, cumplir con la solicitud. Ambos ayer realizaron las declaraciones informativas.

El documento señala que quien dio la orden de demolición fue el oficial mayor de Planificación, Álvaro Mier, a solicitud de María Ernestina Costas, directora de Regulación Urbana (hermana del Prefecto de Santa Cruz), quien también solicitó al oficial mayor de Defensa Ciudadana, Herland Vhiestrox, “disponga el desplazamiento de dos escuadras municipales como mínimo a partir de las 8.00 a.m. a efectos de dar cumplimiento a las resoluciones que ordenan la demolición de obras con proceso por infracción de normas”.

El fiscal de Distrito, Jaime Soliz, informó que Costas e Isabel Vera, jefa de Control de Edificaciones, también fueron citadas para las declaraciones, pero no se presentaron ayer; ahora corren órdenes de aprehensión. Soliz anunció que serán citados a declarar en 72 horas los alcaldes de Santa Cruz, Percy Fernández, y de Warnes, Nils Carmona.

El viceministro de Viviendas, José Lambertín, informó que “hemos presentado documentos para respaldar la transgresión al derecho a la vivienda. Estamos demandando una querella contra el alcalde Fernández y otros funcionarios. Incluso solicitamos la detención de todos los implicados, incluido el Alcalde”. El asesor del Ministerio de Obras Públicas, Humberto Quispe, informó que el Alcalde debía ser procesado aunque devuelva el dinero para reconstruir las casas. Los concejales piden informe a Fernández. Redacción Santa Cruz

Las casas serán reconstruidas

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, anunció ayer que el Gobierno exigirá al municipio cruceño que las más de cien viviendas demolidas el martes en La Comarca sean reconstruidas en el mismo lugar y —dijo— se esperará que “la hagan con la misma facilidad” con que fueron derruidas.

Estimó que las obras demandaron diez millones de bolivianos y, ahora, deberán ser financiadas por la misma comuna para no perjudicar a 200 familias que veían esperanzadas contar con el techo propio. Yaksic descartó que fuera un problema de límites lo que derivó en la demolición de las casas; a su juicio, hay otros intereses como “el abuso de poder”. Aunque, reconoció, en el 90% de los municipios del país hay problemas jurisdiccionales.