Muerto el burro...
Enrique Arteaga*

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Acabamos de leer que el Gobierno, a través DS 27969, aprobó un fondo de aproximadamente cinco millones de dólares, financiados por el TGN (por todos los bolivianos que pagan impuestos) para “la estabilización del precio de la libra fina del zinc”. A ese monto, la Prefectura potosina aportará con dos millones, la de Oruro con un millón y, finalmente, la minería chica, a través de Fademin, con un millón de dólares adicionales, sumando un total de $us 9 millones. Los anuncios indican que no se trata de subsidios a la minería y que los fondos serán para conceder créditos, reembolsables cuando los precios de los minerales vuelvan a ascender a niveles de rentabilidad. Lo que aún está en preparación es el decreto reglamentario, para establecer específicamente su manejo administrativo; cómo se otorgarán dichos créditos; a quién y en qué forma se recuperará el dinero prestado.

¿Acaso el otorgamiento de créditos es una medida adecuada para “estabilizar precios”? Sabemos que los precios obedecen a las leyes del mercado internacional de la oferta y la demanda. Los mismos medios de comunicación informan que “a pesar del fondo de sostenibilidad, anunciado por el Gobierno, muchas cooperativas mineras ya tuvieron que paralizar sus operaciones”, afectando a miles de trabajadores y familias que integran la cadena productiva del sector y causando una avalancha de desempleos.

Hace mucho tiempo, varias voces vaticinaron esta crisis pero fueron ignoradas por las autoridades. Analistas y comentaristas experimentados en la temática, repetidamente, aconsejaron cambios de rumbo en la política minera; pero fueron ignorados y no se tomaron las medidas adecuadas, en el momento apropiado, para evitar esta crisis. Ahora, nos enfrentamos con una cruda realidad: el desempleo de miles de trabajadores mineros que tienen pocas opciones de encontrar otra actividad que les permita el sustento diario de sus familias. Mientras, el Gobierno continúa tozudamente sosteniendo medidas inadecuadas para la reactivación de esta actividad. Los expertos ya manifestaron su escepticismo sobre la efectividad de los $us 9 millones para créditos. Alertaron que la aplicación de contratos para adecuar las actuales concesiones mineras a la propuesta de nueva Constitución terminará poniendo un epitafio a la minería en Bolivia. Otro connotado analista minero advierte que dejar el manejo y la decisión de estos asuntos al sector con menor “capital intangible” será simplemente fatal. Ya se puntualizaron ejemplos del manejo público de asuntos mineros en países vecinos, donde se estimula la inversión privada a través de una seguridad jurídica, con códigos y leyes estables y regímenes tributarios internacionalmente competitivos. Parecería que en Bolivia queremos trancar el corral cuando nuestra fuente de sustento ya pasó a mejor vida. O, dicho de otro modo, conseguimos matar a la gallina de los huevos de oro.

*Enrique Arteaga R.
es geólogo.