Los POA y la Participación Popular
Karina Moreno*

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El proceso de municipalización como una medida descentralizadora y de democratización vino acompañado de la denominada “Participación Popular”, que reconoce como sujetos principales a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), es decir, a las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y las juntas vecinales articulados a la vida jurídica, política y económica del país.

Si bien la Ley 1551 establece el principio de distribución igualitaria por habitante de los recursos de coparticipación tributaria asignados y transferidos, su inversión debe ser equitativa, no obstante este enfoque territorial de asignación presupuestaria y reconocimiento jurídico del sujeto social ha ocasionado que la asignación “per cápita” que establece la norma, se reproduzca al interior de los municipios cuyos alcaldes, que se dicen actuar como buenos padres, una vez deducidos los gastos obligatorios dividan el presupuesto a sus diferentes OTB en función al número de habitantes censados por el INE el 2001.

Esta mala práctica generalizada en muchos municipios, cuyos representantes de OTB defienden vehementemente, no permite priorizar los proyectos en base a criterios de solidaridad, de beneficio a más de dos OTB, dejando de lado los productores la vocación del municipio, entre otros factores importantes para el desarrollo y acordes con la equidad de “dar según su necesidad”. Cada comunidad, en función al monto “que le toca”, ve por conveniente en qué puede invertir, aunque no sea lo que necesite.

Probablemente su demanda requiera muchos más recursos de los que se le asignarían en varias gestiones (no nos olvidemos que uno de los criterios bajo el cual se realiza la planificación es el de “necesidades insatisfechas” y a esto se suma que el desarrollo es un proceso de construcción en muchísimos casos muy lento).

De esta manera, la Planificación Estratégica de Largo Plazo reflejada en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) queda en papeles y buenas intenciones; por otro lado, la inversión no es la más eficiente, ya que se trata de pequeñas inversiones que no satisfacen grandes demandas ni sientan las bases para el desarrollo económico local.

A propósito de este tema, el martes 21 de octubre el Ministerio de Hacienda dio a conocer los techos presupuestarios municipales 2009 de las diferentes fuentes (Coparticipación Tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos y la Cuenta Especial del Dialogo HIPC II) para la elaboración de los Programas Operativos Anuales (POA) de los 327 municipios del país. Este monto asciende a 7.572.107.629 bolivianos, es decir, hubo un incremento de 33,67% respecto a los techos del 2008.

Es imperante que los alcaldes y sus equipos técnicos vinculen la planificación de corto plazo con la de largo plazo y efectivicen sus PDM con inversiones estratégicas, aunque ello signifique un cambio total en la manera y visión de hacer sus POA. Así se invertirán eficientemente los recursos de todos los bolivianos.

*Karina Moreno S.
es economista.