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“Hemos incluido a otras personas porque hay algún conocimiento, en la investigación que se está haciendo, de que, por ejemplo, el tractorista ha sido contratado por algunas personas que no son de la municipalidad (de Santa Cruz)”, declaró.

El 28 de octubre fueron demolidas 101 viviendas en el sector de La Comarca. Del hecho habrían participado siete funcionarios de la Alcaldía cruceña, que fueron despedidos y que son investigados por la Fiscalía.

Al día siguiente, la delegada presidencial en Santa Cruz, Gabriela Montaño, denunció que existían intereses particulares. Dijo que Camacho y Richter “fueron quienes iniciaron un proceso en contra de los beneficiarios y pusieron un montón de procesos administrativos para evitar que se construyan las viviendas”.

Entonces señaló que Camacho tendría un terreno de 116 hectáreas cerca del sector donde fueron levantadas las viviendas y que “él tenía programado hacer en esos lugares espacios de recreación y casas lujosas y no le convenía tener un vecindario de gente humilde o de clase media”.

Ayer, Lambertín indicó que Camacho y Richter habrían estado presentes en la demolición que es investigada por la Fiscalía. Además, ambos habrían contratado al operador del tractor que demolió las casas.

La autoridad gubernamental adelantó que hay otras personas que estarían involucradas. “Son intereses económicos grandes”.

Lambertín mencionó también que mientras el metro del terreno para el Plan de Vivienda costó siete dólares, los terrenos contiguos tenían una cotización de 60 dólares. Agregó que el Gobierno pidió la ampliación de la investigación debido a que se supo que no hubo ningún instructivo para la demolición.