Dada su investidura y el alto grado de exposición personal que ésta conlleva, la salud de un gobernante es un asunto inevitablemente público; él está sometido a un permanente escrutinio de la gente sobre sus condiciones, tanto físicas como mentales.
Pero de simple asunto público puede pasar a considerarse como cuestión de Estado. ¿Qué factores determinan la adopción de este último criterio? A mi juicio, dos: uno de carácter estrictamente médico y otro de tipo más bien político.
En relación al primero, depende de cuán comprometida se encuentre la integridad de la máxima autoridad. No es lo mismo una acidez estomacal que una arritmia cardiaca; como no lo es un resfrío que una hepatitis. Asimismo, no son lo mismo los síntomas que la enfermedad propiamente dicha. Es decir que uno u otro criterio están en relación al riesgo que el achaque y su correspondiente tratamiento o intervención deparen para la presidencial humanidad, que puede ir desde cero —extracción de pieza dental— hasta el pronóstico reservado —cirugía a corazón abierto, trasplante de médula (posoperatorio incluido) —.
En el segundo caso, puede ocurrir que, en razón de Estado, el entorno gubernamental decida instrumentalizar la dolencia de la primera autoridad para sacar algún rédito político. Por lo general, se suele negar el deterioro de su salud. La historia refiere casos extremos en los que se actuó de esta manera, más allá incluso de la muerte del sujeto. Menos frecuente es que se ventile alegremente el diagnóstico clínico del mandamás, probablemente a modo de distraer a la opinión pública para desviar su atención sobre la economía, por ejemplo. Vemos, sin embargo, que se lo hace. Extremos políticamente válidos pero éticamente cuestionables; entre el secreto o la negación y la sobreexposición hay un punto recomendable: la discreción.
Paul Johnson cuenta, para explicar el deterioro de Woodrow Wilson, ex presidente de EEUU, que en abril de 1919 sufrió un ataque de nervios; el hecho se ocultó. En septiembre sufrió un segundo ataque; de nuevo se encubrió el asunto. El 10 de octubre sobrevino un tercer ataque, de extrema gravedad, que le dejó paralizado todo el lado izquierdo. Finalmente, su médico tuvo que reconocer, meses más tarde, lo que todo el mundo sospechaba: “su enfermedad física es permanente, desde el punto de vista mental está debilitándose poco a poco, y no puede recuperarse”.
En nuestro país, no hace mucho, fuimos testigos del deterioro de la salud de un presidente en el ejercicio de su mandato, Hugo Banzer, que le obligó a renunciar al mismo para fallecer poco tiempo después. Banzer sobrellevó con dignidad su decadencia física.
He hecho estas consideraciones porque la semana pasada, en actitud absolutamente desproporcionada, la prescripción de una cirugía menor en el tabique nasal de S.E. fue tratada en calidad de cuestión de Estado por el propio Presidente y sus colaboradores. Para macabra coincidencia, los enfermos renales salían a protestar porque el Hospital Obrero no cuenta con los insumos para hemodiálisis, de la cual depende la vida de estos pacientes.
Para alivio de la ciudadanía, el Presidente no padece de hemorroides. Ya nos tendrían pendientes de cierta parte de su excelentísima anatomía.
*Puka Reyesvilla es docente universitario.
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