• LA INTERROGANTE • Entre los cabos sueltos del caso está el del tractorista, que según los investigadores no tiene una relación con la Alcaldía cruceña. No se sabe quién lo contrató.

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Óscar Coca, ministro de Obras Públicas, envió una carta al contralor general de la República, Oswaldo Gutiérrez, en la que le solicita que determine la responsabilidad ejecutiva “por demostrar actitud negligente y deficiente en el ejercicio de sus funciones” en este caso.

En otra misiva remitida al alcalde Fernández solicitó el resarcimiento de los daños ocasionados en la demolición de más de 100 casas en La Comarca,

Además, el asesor legal del Viceministerio de Vivienda, Humberto Quispe, advirtió que el Gobierno congelará las cuentas de la municipalidad y arraigará los bienes de la comuna y de los imputados, si no responde a la solicitud de devolver la suma de 17 millones de bolivianos, que sería el monto afectado por la demolición de las casas.

"El Alcalde tiene cinco días para responder a la carta que se le envió desde el ministerio. Vamos a congelar las cuentas del municipio, vamos a arraigar los bienes que tiene y embargar todo cuanto sea necesario para resarcir los daños. Primero se arraigará los bienes del municipio y luego los bienes particulares de los imputados", sostuvo Quispe.

En la nota remitida a la Contraloría, Coca solicita que se determine “la responsabilidad civil contra los servidores públicos que por su accionar causaron daño económico”.

El asesor legal del municipio cruceño, José María Cabrera, indicó que "la carta es un sinsentido, un absurdo" y que la responsable es la empresa constructora que desarrolló el proyecto de las viviendas sociales sabiendo que existía una ley de pausa hasta enero del 2009.

Asimismo, expresó que el Poder Judicial debe determinar la devolución y a quién corresponde. "No pueden proceder a descongelar o descontar de la cuenta del municipio", manifestó.

Quispe dijo que solicitaron que se apliquen las medidas cautelares al Alcalde cruceño.

El fiscal Jorge Antonio Abella informó que se ha liberado el mandamiento de aprehensión contra Miguel Ángel Linares y Diego Choque, porque amerita una indagación por los supuestos 2 millones de dólares en el sobreprecio de los terrenos de La Comarca. En el caso de Choque, se trata de la apertura de un nuevo caso, y se le incautó un vehículo porque es el conviviente de Misiel Alma Rodríguez, quien habría sido un "palo blanco” de la cooperativa Sudamérica.

Indicó que la pesquisa arrojará nuevos nombres de a quiénes se debe investigar. "Y si se si tiene que convocar a autoridades ministeriales, se lo tiene que hacer", afirmó el fiscal Abella. Redacción Santa Cruz