No, no podrían...
Juan L. Cariaga*

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Afortunadamente para los economistas, éstos nunca podrían acceder a la más alta magistratura de un país, debido a que su deformación profesional no se lo permitiría y, en muchos casos, inclusive, se lo impediría.

En efecto, un economista no podría asumir la más alta magistratura de un país porque jamás permitiría que la política juegue un papel protagónico en los asuntos del Estado, dejando a un lado la importancia de la economía. No permitiría que la economía se desacelere o decrezca, sin haber intentado tomar una serie de acciones anticíclicas, destinadas a reactivarla e incrementar las posibilidades de empleo en la sociedad. No permitiría que el desempleo aumente en la economía, pues ésta es la única forma de asegurar que los niveles de prosperidad se incrementen en la sociedad y que se estén haciendo los esfuerzos necesarios para atacar, de manera frontal, el problema de la pobreza.

No permitiría que un país siga dependiendo de la exportación de materias primas, cuyos precios internacionales fluctúan permanentemente, creando una situación de gran inestabilidad para la economía.

No permitiría que se atente en contra de la creación, desarrollo y expansión de las industrias de alto valor agregado, que generen un mayor empleo, pues son las únicas que liberan a las economías de la dependencia de las materias primas y de los precios internacionales.

No permitiría que se cierren mercados, especialmente para los productos de alto valor agregado, y, sobre todo, cuando se goza de preferencias arancelaria de parte del país comprador. Esto es particularmente cierto para las economías donde existe un mercado doméstico muy pequeño y donde el crecimiento económico sólo puede darse a través de la exportación.

No permitiría que en la economía se presenten situaciones que perjudiquen la competitividad de los productos nacionales, pues esto no haría otra cosa que estimular las importaciones y desincentivar las exportaciones.

No permitiría que la inflación se desarrolle, pues no sólo es un impuesto ciego que afecta a los ciudadanos de más bajos ingresos, sino que también afecta la propia competitividad de la economía. Tampoco permitiría que campee la corrupción, la burocracia o el efecto de los altos impuestos, pues éstos no hacen otra cosa que incentivar la pérdida de competitividad de la economía.

Por lo tanto, tampoco permitiría la generación de déficits fiscales, que son el origen de la mayor parte de los procesos de inflación, y trataría de utilizar sabiamente los ingresos adicionales que se reciben por parte del fisco para encaminarlos a la inversión, que no es otra cosa que la compra de bienes de capital

No permitiría que los intereses pagados a los ahorristas se encuentren por debajo de la tasa de inflación, debido a que éstos desestimulan el ahorro y subsidia a los tomadores de crédito.

Jamás permitiría que una tasa de cambio se encuentre por debajo de su nivel real, pues esto alienta las importaciones, en desmedro de la producción nacional. Tampoco permitiría el uso de las reservas internaciones para fines que no sea el de garantizar la liquidez de la economía, sin la cual se la expone a serios riesgos de inestabilidad.

Seguramente, estimado lector, podríamos seguir con esta letanía, párrafo tras párrafo, para demostrar que la ciencia económica no busca otra cosa que la asignación eficiente de los recursos escasos, utilizando para tal efecto la lógica y el sentido común, que no siempre condice con la extraña lógica y el enrevesado sentido común de los políticos profesionales, especialmente cuando toman decisiones de política económica.