Revolución Agraria, ¿cuándo?
*Jorge Dulon Fernández

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

En el pasado, los resultados producidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fueron insuficientes y poco concretos, sobre todo en lo que se refiere a la redistribución equitativa de tierras. Como resultado obvio, se generó incertidumbre, debilidad institucional e inseguridad jurídica.

Ante esa experiencia, el Estado debe mostrar resultados precisos para garantizar y generar confianza respecto a lo que se ha planteado en cuanto a un saneamiento de tierras “inteligente”, lo que puede reconducir la Reforma Agraria e institucionalizar su ley.

El Gobierno se planteó el reto de lograr la reversión de tierras en siete años. Actualmente, adecúa la norma para poder contar con herramientas legales y, de esta manera, cumplir su objetivo con las tierras improductivas.

Para que el proceso llegue a buen término y cumpla con las expectativas generadas, no solamente se requiere voluntad política para revertir tierras, sino pensar qué es lo que se hará con ellas. La entrega de éstas debe ser un medio de sustento digno que implique una programación, que garantice una función social y que no vaya a ser sobreexplotada.

En ese sentido, la norma agraria actual propone algunos elementos interesantes en el sentido de que las tierras sean entregadas de manera comunal y que no sean susceptibles de ser transferidas.

Concretamente, la norma establece mecanismos para que no se reproduzca un proceso de acumulación, en previsión de que los campesinos no se encuentren en la situación de manipulación por parte de determinados grupos de poder para vender sus tierras.

Por otra parte, es evidente que en varios lugares del país existen sectores productivos que ponen el hombro al país. Ellos no deberían alarmarse: el proceso de reversión, tal como se plantea, no les afectará ya que, al estar cumpliendo con una función económica y social (fundamento de la norma agraria), están contribuyendo con el desarrollo del país. Además, los sectores productivos deben darse cuenta de que la Ley INRA, con sus modificaciones, los beneficia porque de alguna manera promueve la paz social y, por lo tanto, disminuye los conflictos en la toma de tierras en donde los más afectados son ellos.

Si bien la calidad de las reformas en esta nueva ley no es la mejor, se debe resaltar el hecho de que parece existir una intención política de trabajar en el tema. Quizás las modificaciones son de emergencia y deberán profundizarse para llevar a buen término el proceso de revolución agraria; actualmente las interpretaciones a la ley hacen que existan ejemplos de pagos impositivos irrisorios de cuatro bolivianos por hectárea en el oriente. Éste es un tema que no se ha tomado en cuenta en el proceso.

Tampoco se ha llegado a un acuerdo respecto al límite de la propiedad, lo cual hace posible que en pleno siglo XXI haya personas que tengan más de 50.000 hectáreas de tierras. En ese sentido, más adelante se deberán aclarar, incorporar y tomar en cuenta algunas variables complementarias y fundamentales. En una de ellas (límite de propiedad), usted lector será protagonista en la decisión, cuando tenga que determinar mediante su voto, en el referéndum dirimitorio, cuántas hectáreas como máximo se podrá tener.