• DETENCIÓN DE ROMERO • Efectivos de la Utop trasladan a Romero a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen tras intervenir la huelga en la Federación de Fabriles.

Imprime esta nota Recomienda esta nota Opiniones sobre esta Nota

En las listas de efectivos depurados figuran, según Mendoza, unos cinco coroneles, 20 tenientes y el resto son policías de bajo rango. Todos ellos fueron prohibidos de portar el uniforme de la institución.

Tras una reunión entre el congresista, el subcomandante de la Policía, general Rolando Caballero y el inspector general, general Rolando Viscarra, se determinó que entre las faltas en las que incurrieron los 456 policías está el concertar convenios con delincuentes habituales, mantener relaciones con personas dedicadas a actividades ilícitas, recurrir a medios de comunicación social para emitir juicios lesivos a la dignidad de la Policía, además de deserción. “Son 29 causales graves ventiladas en procesos ordinarios”, complementó Mendoza.

Una alta fuente policial, que pidió mantener su nombre en reserva, explicó a este medio que el concertar convenios con delincuentes significa recibir dinero del acusado, “muchas veces los policías reciben montos de dinero para callar, no detenerlos”, dijo.

Asimismo, de acuerdo con el jefe policial, el mantener relaciones con personas dedicadas a actividades ilícitas significa “relacionarse con quienes se dedican a la trata y tráfico de personas, trata de blancas o narcotráfico”.

De acuerdo con el parlamentario, los acusados tienen derecho a acceder a un amparo constitucional, “pero un fallo del Tribunal Superior es ‘palabra santa’, si por algún motivo un policía tuvo un problema penal, es inmediatamente dado de baja y no puede retornar a la Policía”, acotó.

En el caso de los 271 miembros del Batallón de Seguridad Física Privada, “muchos”, dijo el diputado, serán dados de baja por motivos anteriores y posteriores a las protestas que protagonizaron en abril en tres departamentos del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) por la solicitud de aumento salarial y la incorporación al escalafón.

“Muchos serán dados de baja, pero por motivos anteriores y posteriores al conflicto. No tiene nada que ver con su movimiento dirigencial, sino por otro tipo de sanciones que están dentro de su reglamento. Nos han hablado de Llanos, Vino, Plata, Romero, García, Coca y dos más que estarían en proceso”, enfatizó.

La Policía reconoció que la deserción es una razón común para dar de baja a los policías; según el análisis de Mendoza, “ingresan a la Policía para vestir el uniforme y luego solicitar visas al extranjero a través de embajadas e irse a España, por ejemplo”; y éste es otro de los motivos por los que se depuró a este número de efectivos.

El alejar a 727 miembros de la Policía permitió abrir al menos 300 vacancias. “Esto abre la oportunidad para dar altas, es decir abrir oportunidades para nuevos policías”, enfatizó Mendoza.

El Tribunal que juzgó a los efectivos, acotó Mendoza, estuvo compuesto por policías quienes hallaron “las faltas graves” en el accionar de sus camaradas.

“En el reglamento general dice que para que procesen a alguien, para que le den de baja a un policía se debe pasar por una serie de filtros, es bastante largo el proceso. Hay tribunales y procedimientos, por lo tanto todos estos casos pasaron por este proceso”, añadió el congresista.

El martes precisó que quien inicie movilizaciones en repudio a estos fallos serán procesados por la vía penal hasta su encarcelamiento.

La Contraloría detectó en abril que al menos 20 oficiales de alto rango causaron un presunto daño económico de unos 13 millones de bolivianos.

El 7 de abril, ocho efectivos del Batallón de Seguridad Física iniciaron una huelga de hambre para exigir el 50% de incremento salarial y otros beneficios. Luego de conversaciones con altos jefes policiales y el Gobierno, se llegó a un acuerdo.
Esta semana, la protesta se activó otra vez en el Valle.

Intervienen un ayuno, pero éste se reanuda

El Comando de la Policía de Cochabamba intervino el piquete de huelga de los ex efectivos del Batallón de Seguridad Física Privada. Al menos 30 uniformados de la Unidad Táctica de Operaciones (Utop) desalojaron a los huelguistas y detuvieron a Jhonny Romero, recluido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, acusado de portar el uniforme policial y por agredir. Tras la retirada, el resto retomó la protesta minutos después.

El desalojo ocurrió cerca de las 8.30 de ayer cuando Romero procedió a crucificarse en los pilares del balcón del edificio fabril, “usa el uniforme cuando fue dado de baja”, indicaron los miembros de la Utop que a empujones lo sacaron.

“Cuando policías intervinieron su crucifixión, propinó golpes y amenazó de muerte a los efectivos”, dijo el coronel Remy Ampuero, subdirector de la fuerza anticrimen. La huelga se inició el lunes y fue declarada ilegal por el coronel Manuel Saavedra, jefe departamental; “el trasfondo es soslayar procesos disciplinarios”, indicó. Redacción Cochabamba

ALGUNOS CASOS

Caso Techo de Paja • Según el diputado Guillermo Mendoza, fueron dados de baja los policías implicados en la incautación de 300 mil dólares a un presunto narcotraficante en junio, en el Plan Tres Mil, en Santa Cruz.

Caso restaurante • El congresista hizo referencia a que se dio de baja a policías implicados en una presunta extorsión de dinero en un restaurante paceño. “Fueron filmados”, precisó.

Caso granada • Mendoza indicó que se depuró a quienes estuvieron implicados en la amenaza de detonar una granada de gas al interior de la Defensoría del Pueblo, cuando se pretendía iniciar una mesa de diálogo, en abril.

Caso gasificación • En abril, un miembro del Batallón irrumpió en una conferencia de prensa en el Ministerio de Gobierno y activó una granada de gas. Causó caos entre los periodistas.