Los adjudicatarios de las casas que fueron demolidas el pasado 28 de octubre, en Santa Cruz, pagaron alrededor de Bs 2.000 para inscribirse al Plan de Vivienda Social lanzado por el Gobierno. La Cooperativa Sudamérica les pidió ese monto para cubrir los gastos de trámites y además Bs 150 para que abran su cuenta en esa entidad que posteriormente les daría el crédito.
Varios de ellos llegaron a las puertas de la cooperativa para expresar su preocupación porque, a la fecha, no recibieron una respuesta de parte de la entidad financiera sobre el dinero que depositaron. Tampoco saben si volverán a construir las casas derrumbadas por la Alcaldía.
“Cuando nos inscribimos para el plan de viviendas, nos pidieron afiliarnos a la cooperativa con Bs 150, y luego nos pidieron casi Bs 2.000 para gastos de trámites. A cambio nos dieron una copia de minutas y los planos de nuestras futuras casas. El costo de mi casa era de $us 8.000”, dijo Gladis Claure, quien manifestó su molestia porque ahora no saben si le devolverán ese dinero.
A raíz de la demolición de las viviendas comenzó una investigación en la Fiscalía, que también encontró que la venta de los terrenos para el Plan de Vivienda se hizo con sobreprecio.
Por ello, la cooperativa es investigada y alrededor de 300 empleados podrían quedar sin empleos si se develan los supuestos actos de corrupción de la Cooperativa Sudamérica.
Los funcionarios no fueron a trabajar en la mañana, pues recibieron una comunicación interna en la que “por motivos de fuerza mayor” la gerencia les otorgaba vacaciones colectivas hasta el lunes. Pero, por la tarde, los empleados volvieron a sus respectivas fuentes de trabajo.
“Hoy (ayer) nos entregaron esa comunicación interna. Somos unos 100 empleados en Santa Cruz y a nivel nacional debemos ser unas 300 personas. Estamos preocupados porque se acerca fin de año y si nos quedamos sin trabajo, no tendremos ni aguinaldos”, dijo una de las funcionarias que prefirió guardar su identidad en reserva.
EL CASO DEMOLICIONES
La audiencia • Ayer al anochecer se suspendió la audiencia de medidas cautelares para Hermán Camacho, presunto implicado en el caso de las demoliciones de las viviendas en la urbanización La Comarca o Vallecito, en Santa Cruz.
Las recusaciones • Primero fue el alcalde cruceño, Percy Fernández, quien recusó al juez Zenón Rodríguez. Luego, el Gobierno pidió recusar al otro juez, José Fernández.