Hugo Chávez ha vuelto a la carga. El Presidente venezolano recordó el martes 11 a los partidos de la oposición que compiten en las elecciones regionales del 23 de noviembre que la suya “es una revolución que está armada” y que “el pueblo está dispuesto a defender el proceso revolucionario”.
El domingo había amenazado con apelar a los tanques de guerra si los electores dan el triunfo a “la oligarquía” en el Estado de Carabobo. Ese mismo día ordenó la toma militar de un aeropuerto en el Estado de Sucre, gobernado por el disidente del chavismo Ramón Martínez, a quien calificó de “asqueroso traidor”. Y 15 días antes, el 9 de noviembre, había dicho que recurriría a un “plan militar” si la oposición, representada por “ese desgraciado” de Manuel Rosales, era reelegida en el Estado de Zulia. También ha dicho que llevará a la cárcel a
Rosales y a Martínez, por “corruptos” y “conspiradores”.
Las amenazas con tanques, fusiles y cárcel, y la descalificación del adversario son las armas políticas que más ha empleado Chávez desde que se unió a la campaña por los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para las elecciones regionales. El centro de la diana han sido fundamentalmente las plazas electorales donde los partidos opositores o disidentes del chavismo controlan el poder o tienen opción de obtenerlo: Zulia y Nueva Esparta, los únicos estados gobernados por la oposición tradicional de los 24 que conforman el país, y Sucre, Guárico y Carabobo, gobernados por antiguos aliados del oficialismo.
La ofensiva presidencial comenzó a principios de octubre, en medio de denuncias de un presunto plan de magnicidio efectuadas por el PSUV, en las que Chávez ha involucrado alternativamente a los gobernadores opositores. Por esa época advirtió que no enviaría recursos de la renta petrolera a aquellos estados donde triunfara “la contrarrevolución”, ya que el dinero podría ser empleado en conspiraciones para derrocarlo. El País de Madrid