Sin independencia, por unos dólares
Juan Antonio Morales*

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Uno de los pilares fundamentales de la estabilidad macroeconómica que hemos gozado desde la década pasada ha sido la independencia del Banco Central de Bolivia (BCB). La Ley 1670, de octubre de 1995, consagra en efecto dos principios: a) La independencia política que se traduce en preceptos muy precisos con relación al nombramiento, duración de mandato y criterios de remoción de las principales autoridades del BCB; y b) La independencia económica que consiste, entre otros, en que el BCB no puede otorgar préstamos al sector público ni asumir contingencias excepto en las circunstancias estipuladas en la ley con gran claridad. Con la independencia económica se evitan los financiamientos monetarios de los déficit fiscales, que fueron los que nos llevaron a la hiperinflación de los años 80. Hay, ciertamente, una gran sabiduría en esta disposición.

Con relación a la independencia política, las autoridades del ente emisor siguen siendo interinas y reemplazables como fusibles por el jefazo. Sorprende que hasta ahora no haya presidente y directores titulares, dado que su nombramiento pasa por la elección de ternas por la Cámara de Diputados, que está bajo casi total control del partido de gobierno.

Más grave. La propuesta del Gobierno de obligarle al BCB a que otorgue un préstamo de 1.000 millones de dólares a YPFB viola abiertamente el artículo 22 de su ley. El modificar este artículo mediante la Ley de Presupuesto es un remiendo jurídico muy discutible. La próxima vez se podría cambiar la importantísima ley del BCB con una modificación del Código de Tránsito, como decía sarcásticamente un amigo abogado. Aun si se contornara la ley del BCB, no se estaría cumpliendo con el espíritu de la crucial reforma monetaria de 1995. Por otra parte, no es técnicamente correcto decir que el préstamo a YPFB no compromete las reservas internacionales. Al comprometerlas se está corriendo el riesgo de crear una crisis de confianza. La experiencia reciente de los mercados financieros internacionales nos está mostrando cuán difícil es manejarla.

Algunos países, para mantener la integridad de sus legislaciones de banca central, hacen imposible su modificación mediante otras leyes. Una manera simple de hacerlo es dándole rango constitucional a la independencia del Banco Central (Chile y Colombia). Lamentablemente en el proyecto de nueva Constitución Política del Estado se recorta más bien la actual independencia del BCB (artículos 326 y 327) en vez de consolidarla, lo que hubiese sido ideal.

Decir que ahora se puede usar 1.000 millones de dólares del BCB porque durante tres años se ha tenido superávit fiscales es falaz. Esos superávit se han debido casi enteramente a los extraordinariamente altos precios del gas natural y como lo demuestra con gran rigor en su tesis un alumno de la Maestría en Economía de la Universidad Católica, ha habido más bien un déficit estructural. Lo anterior no excluye que la caja que ha constituido el sector público no financiero sirva para atenuar los efectos de la crisis fiscal que tendremos el próximo año por la caída de los precios de la energía.

La obligación impuesta al BCB de prestarle a YPFB es una confesión del fracaso de la nacionalización y de la política de hidrocarburos desde la Ley 3058, del 2005. En un mercado boyante como el que se ha tenido entre el 2002 y el primer semestre del 2008, YPFB debía haber sido un gran sujeto de crédito. Los bancos privados internacionales debían haberse estado peleando para darle créditos. ¿Por qué no fue así? Dejo que el lector trate de responder mientras hace cola para comprar gasolina.

Con la crisis financiera internacional y precios en declive le será todavía más difícil a YPFB acceder a créditos en los mercados privados de capital. Tengo el fundado temor de que el crédito del BCB se vaya por el tubo de la cañería e YPFB lo malgaste.

*Juan Antonio Morales,
ex presidente del Banco Central de Bolivia. Actualmente profesor
de la Universidad Católica.