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La información la dio ayer por la tarde Juan de Dios Fernández, secretario general del INRA, quien confirmó la versión que dio por la mañana el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.

Los técnicos del INRA “están empezando (a trabajar) en la zona de Caraparicito; deben estar levantando encuestas, por ejemplo, con los empleados, con los indígenas que viven dentro de las propiedades”, manifestó.

Las pericias incluyen, precisó, la medición de la extensión de la propiedad, el conteo de ganado (si existe), la verificación de existencia de relación de servidumbre (cuando corresponde) y otros.

El Gobierno y el INRA ingresaron el viernes a Caraparicito con el apoyo de la Policía, que aún permanece en el lugar, de acuerdo con Almaraz, quien negó la presencia de militares en esa región, como se denunció.

Por su parte, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) se declaró en movilización hasta que los derechos de sus afiliados afectados se restituyan.

En un comunicado repudiaron la “violenta intervención en propiedades productivas, con militares y policías”, y adelantaron que iniciarán acciones legales para identificar a los responsables.

“La unidad de los ganaderos del país se mantiene inalterable y declaramos movilización general hasta que se restituyan los derechos de los afectados”, leyó su presidente, Guido Nayar.

La incursión del viernes llegó a otras dos haciendas de la zona, cuyos empleados denunciaron el uso de la violencia. La Prefectura de Santa Cruz presentó una denuncia en la Fiscalía “para dar con los responsables de los abusos y saqueos cometidos contra dos funcionarios prefecturales” del proyecto de aguas subterráneas que trabajaban en el lugar, informó Vladimir Peña, secretario de Justicia de este ente.