El artículo 22 de la Ley del BCB
Juan Antonio Morales*

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El artículo 22 de la Ley 1670 del 31 de octubre de 1995 (Ley del Banco Central de Bolivia, BCB) establece como principio general que esa institución no puede otorgar créditos al sector público ni contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Excepcionalmente lo puede hacer para atender (a) necesidades impostergables, derivadas de calamidades públicas declaradas mediante decreto supremo; y, (b) necesidades transitorias de liquidez, dentro del programa monetario del BCB. Solamente le puede prestar al Tesoro General de la Nación (TGN). El directorio del BCB ha reglamentado las condiciones para sus créditos que, entre otras, requieren que el TGN proponga un plan de pagos e indique la fuente para hacerlos.

Si hay créditos, que como decimos son de carácter excepcional, deben estar documentados mediante títulos-valor negociables de deuda pública emitidos por el TGN. Esto quiere decir que los bonos y letras del TGN que el BCB adquiere, a cambio de los créditos que otorga, deben ser de colocación posible al sector financiero privado, para lo que es necesario que tengan una tasa de interés de mercado.

Para los créditos al sector público, como el equivocado préstamo de 1.000 millones de dólares a YPFB, que no puede manejar lo que ya tiene, se echará mano directa o indirectamente a las reservas internacionales. En efecto, el equilibrio de la hoja de balance del BCB exige o que sustituya un activo (el préstamo a YPFB) con otro activo (las RIN, Reservas Internacionales Netas) o que se cree un pasivo para prestarle a YPFB o, todavía que se lo haga con el patrimonio del instituto emisor. Si el pasivo es en moneda nacional se producirá entonces un aumento de emisión “inorgánica”, como decían nuestros abuelos, que se volcará contra las RIN. El pasivo difícilmente podrá ser en dólares y el BCB tampoco puede ser garante de préstamos.

El artículo 22 constituye (junto con el Art. 2 la esencia misma de la independencia del BCB. Sin el cumplimiento del Art. 22, no hay independencia y eso debe quedar muy claro para las autoridades y la opinión. Si bien, estirando la cuerda, se puede modificar con otras leyes ese artículo, como se ha propuesto para darle el crédito de $us 1.000 millones a YPFB, queda que la independencia del instituto emisor será seriamente dañada. Todos los países con bancos centrales independientes tienen disposiciones similares al Art. 22 de la Ley del BCB, justamente con la idea de que el fisco busque fuentes genuinas de financiamiento y no emplee recursos que están destinados a garantizar la moneda nacional.

Se podrá argüir, y a veces se lo ha hecho, que el Art. 22 ha sido pensado para evitar riesgos de inflación, pero que es menos apto para encarar las situaciones de desempleo y los peligros de deflación (o inflación negativa) que pudiese ocasionar la crisis económica internacional. Es cierto que la inflación no será un problema en lo inmediato; en cambio, se tendrán problemas fiscales y de balanza de pagos, que pueden ser muy desestabilizadores de la macroeconomía y que, a la larga, pueden degenerar en devaluaciones masivas e inflaciones catastróficas.

El BCB, posiblemente más que cualquier otra institución pública, va a tener que estar en la primera línea de fuego y le va a tocar parar, con su política cambiaria, los ataques provenientes del contexto internacional hostil. Para que la política cambiaria pueda ser manejada con suficiente flexibilidad y para mantener la confianza del público es necesario que el BCB guarde su independencia. Se ha de evitar, en especial, que la política cambiaria (y monetaria) se subordine a las necesidades del fisco, como puede suceder si mediante leyes del presupuesto (o de otro tipo) se obliga al instituto emisor a prestarle al Gobierno y a sus empresas para financiar sus gastos. A esta subordinación los economistas la llaman “dominancia fiscal” que implica un retroceso.

*Juan Antonio Morales
es ex presidente del Banco Central. Actual profesor de la Universidad Católica Boliviana.