Si la política externa del presidente Luiz Inacio Lula da Silva fue muy criticada cuando hizo gestos contemporizadores frente a las actitudes hostiles del Gobierno boliviano, ahora está siendo elogiada por haber adoptado una postura firme en relación a Ecuador. Ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht se refugiaron en la embajada de su país ante la amenaza del Gobierno ecuatoriano de llevarlos a prisión. La empresa construyó una represa que tiene problemas de estructura que impiden su funcionamiento. El presidente Rafael Correa amenazó con no pagar a un banco estatal brasileño el préstamo que financió la obra, pero ante la reacción del Gobierno brasileño decidió continuar pagando y esperar por el arbitraje, tal como está previsto en el contrato.
Brasilia retiró su embajador en Ecuador, Antonio Marques Porto, que antes estuvo en La Paz, como reacción a la hostilidad de Correa, pese a que muchos restan gravedad al tema, insinuando que los gobernantes deben ser comprendidos cuando actúan de esa manera por su necesidad de mostrar una imagen de salvadores de la patria en periodos electorales. El diálogo fluido entre presidentes y cancilleres, así como los propios contratos, deberían ser suficientes para disuadir a quienes prefieren medidas unilaterales.
Para Brasil, la importancia estratégica de Ecuador es distinta de la de Bolivia, lo que podría explicar ese cambio de humor, pero el Gobierno brasileño parece buscar también nuevos criterios para orientar su política externa con sus vecinos sudamericanos cuando sus empresas son amenazadas. La defensa de los intereses brasileños, tratándose de empresas estatales o privadas, parece restablecerse ahora como un principio invariable. El asesor internacional de Lula, Marco Aurelio García, dijo en el auge de la crisis con Ecuador que si Brasil quedaba impasible, el desorden en las relaciones con sus vecinos se extendería.
Uno de los principales analistas políticos brasileños, Elio Gaspari, defendió, sin embargo, la abstención del Gobierno frente a Odebrecht, ya que existen mecanismos de arbitraje en el contrato firmado por la empresa con el Gobierno ecuatoriano.
El camino jurídico, sin embargo, no abarca toda la dimensión del problema, pues la adopción de medidas unilaterales, la retórica nacionalista y medidas inamistosas son incompatibles con un ambiente político propicio a la integración económica y la concertación política. Lo que parece claro es que Brasilia no está dispuesta a pagar cualquier precio para constituir la Unión de las Naciones Sudamericanas.
*Walter Sotomayor es periodista y trabaja en Brasilia. www.columnistas.net
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