El gobierno del presidente Evo Morales, a través del programa “Yo sí puedo”, apoyado por Cuba, declarará a Bolivia en este mes de diciembre “territorio libre de analfabetismo”. Si no lo analizamos a fondo sería, sin lugar a dudas, un hecho histórico por el corto tiempo de ejecución de ese programa.
En septiembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) celebró en México la conferencia regional sobre el estado del analfabetismo en la región, estableciendo que en Latinoamérica y el Caribe existen 35 millones de analfabetos.
Según los parámetros de la Unesco, para que una persona deje de ser considerada como analfabeta no basta que adquiera capacidades de lectura y escritura, sino que debe contar con otras destrezas como: realizar cálculos, tener capacidad analítica y sentido crítico respecto a lo que lee.
La Unesco ha definido diferentes niveles de analfabetos, entre ellos, al “analfabeto funcional”, que es aquella persona que puede leer, conoce las letras y dice en voz alta las palabras de un texto, pero no lo puede comprender o no puede explicarlo con otras palabras.
El programa cubano “Yo sí puedo” no cumple los objetivos que la Unesco plantea como alfabetización, ya que se desarrolla mediante un sistema de enseñanza a través de videoclases de media hora cada una, cartillas ilustrativas y la guía de profesores; así, al finalizar el plan de estudios cada graduado, evidentemente, llega a escribir y leer.
Si bien estos graduados pueden leer y escribir, esto no significa que han dejado de ser analfabetos, porque no han desarrollado la capacidad de comprender lo que leen y tampoco pueden escribir una oración completa o realizar operaciones matemáticas, por lo que estas personas son analfabetas funcionales.
Estas habilidades aprendidas no les servirán en el día a día, ya que no sabrán interpretar una factura de luz, no podrán manejar un cajero automático, no entenderán las instrucciones de una receta médica. Mucho menos podrán llenar un formulario en las oficinas de Impuestos Internos o en la Alcaldía.
Además, con el tiempo y por la falta de práctica irán perdiendo los limitados conocimientos que adquirieron.
Entonces, resulta engañoso que el Gobierno declare a Bolivia “libre del analfabetismo”, cuando es la Unesco el organismo internacional que reconoce esa calidad a aquella nación cuyos índices de analfabetismo sean menores al 4% de su población; índice que, por lo demás, no toma en cuenta a los analfabetos funcionales.
El Gobierno, antes de hacer campañas mediáticas, debe implementar soluciones reales al problema del analfabetismo: elaborar programas de alfabetización de largo plazo. No es suficiente enseñar a leer y escribir; el aprendizaje no termina en esas habilidades, sino que es un proceso permanente, uno de cuyos fines es la comunicación entre personas como el instrumento más importante del desarrollo de una sociedad.
*José Luis Orihuela A. es abogado.
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