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El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, y el presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, se encuentran en la cárcel de San Pedro luego de que fueron detenidos en sus distritos, trasladados a La Paz y procesados.

La misma suerte corrieron otros cívicos, como José Vaca, por la voladura de un gasoducto en Villamontes; Jorge Melgar, un presentador de radio en Riberalta que supuestamente alentó tomas del aeropuerto, y los tres integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista que supuestamente golpearon a dos jefes policiales.

El senador de Podemos Roberto Ruiz declaró ayer que “me parece que nada justifica convertir a La Paz en un gran campo de concentración sólo porque la sede de gobierno tenga un juez servil como Williams Dávila, que ha organizado su banda de cinco fiscales para hacer persecuciones políticas por encargo”.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseveró que “La Paz es sede de los principales poderes del Estado. Nosotros presentamos, hace algún tiempo, una protesta al Ministerio Público, de decir que aquí se cometen delitos de sedición, de terrorismo, de conspiración y todos ellos tienen en común que atentan contra la seguridad del Estado”.

Por lo tanto, acotó: “Allá donde está la sede de los poderes es donde deben ventilarse los casos. Hay jurisprudencia. Hace 10 ó 15 años se habrían ventilado casos de terrorismo, y no importaba el lugar donde eran detenidas las personas, todas ellas eran trasladadas a La Paz”.

Acotó que el fiscal general de la República, Mario Uribe, conformó una comisión especial de investigadores con jurisdicción nacional integrada por cinco fiscales, encargados de indagar por la vía judicial estos casos de sedición, terrorismo y conspiración. Esa es la comisión que actuó en todos estos casos.

Ruiz replicó que “la tipificación de terrorismo es un intento forzado de criminalizar la protesta social, que ha podido tener excesos, los reconocemos, pero no por eso se la puede tildar de una acción organizada, deliberada de terrorismo, como conocemos, a través de grupos especializados estilo Al Qaeda, EGTK o Triple A”.

Además, lamentó que mientras el presidente Evo Morales plantea la discusión de la transición a un régimen autonómico y la adecuación de sus estatutos a la nueva CPE, “su ministro encarcela líderes cívicos y amenaza a prefectos. ¿Dónde quiere poner las mesas de trabajo?, ¿en Chonchocoro, con todos los prefectos presos?

Recluyen a los tres unionistas

La jueza 4ª de Instrucción en lo Penal Cautelar, Margot Pérez, dispuso ayer la detención preventiva de los tres presuntos agresores del ex jefe de la Policía de Santa Cruz, coronel Wilge Obleas.

“Se declaró la aprehensión ilegal ya que el fiscal (Isabelino Gómez) no aplicó el procedimiento (citado por) el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal”, informó Pérez al concluir la audiencia.

Sin embargo, explicó que Jorge Brasil, Julio César Zenteno y David Yu Lee fueron enviados al penal de San Pedro porque su defensa no demostró dónde se encontraban cuando ocurrieron las agresiones a la Policía.

Agregó que se estableció en los detenidos riesgo de fuga y de obstaculización del proceso, porque “no nos han demostrado que tienen domicilio, familia, ni trabajo” y porque no son las únicas personas que participaron en los hechos ocurridos el 15 de agosto en Santa Cruz durante una protesta de los discapacitados.

Por su lado, el abogado defensor, Rolando Rojas, dijo que si sus patrocinados “fuesen los autores, deberían ser juzgados en Santa Cruz, lugar donde viven y en el que pueden defenderse”.

Por ello, indicó que apelará la resolución y agregó que está pendiente un recurso de excepción de competencia contra el juzgado donde radicó el proceso.