Todos y Nadie
Carmen Beatriz Ruiz*

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Cada vez hay más noticias sobre linchamientos y éstos aparecen asociados a la acción de turbas aparentemente sin liderazgo reconocible o a acciones de rencores y venganzas de grupos de poder en comunidades rurales o poblaciones marginales de las ciudades, que encuentran en la turba la oportunidad de cobrarse deudas de todo tipo. Según un estudio del Defensor del Pueblo, que hizo seguimiento a las noticias sobre linchamientos en los periódicos del país, éstos van en aumento o, al menos, aumentan las noticias que dan cuenta de estos hechos, generalmente ocurridos en áreas urbanas marginales.

Los linchamientos son el asesinato que se escuda en la acción colectiva, en el esquema de Fuenteovejuna, todos a una. Nunca se ha identificado a los autores, no se ha procesado ni sancionado a los culpables, alimentando una pedagogía perversa de que la inseguridad se cura con la impunidad de una justicia por mano propia. Estos hechos nos ponen los pelos de punta. Pero, ninguna de las autoridades de instituciones directamente vinculadas con los temas de la administración de justicia dice públicamente nada. Y, mientras tanto, siguen y suman.

Según el doctor Guillermo Padilla, académico colombiano especializado en pluralismo jurídico, los linchamientos son un producto típico de sociedades en estado de anomia, desconfianza y desconocimiento hacia la autoridad, sin referencias institucionales sólidas y con instituciones de administración de justicia ilegítimas ante la población. O sea... más claro, agua, eso es lo que estamos viviendo.

Pero, también los linchamientos aparecen asociados a prácticas de la llamada justicia comunitaria. De hecho, se hace casi una relación intrínseca entre ambos, aunque, por supuesto, no es lo mismo y, menos aún, todas las prácticas de administración de justicia de los pueblos indígenas tienen pena de muerte.

Para evitar confusiones, el doctor Idón Chivi, jurista boliviano, prefiere hablar de jurisdicción indígena, y de ese modo se orienta la propuesta en el proyecto de nueva Constitución que se votará en enero. Lamentablemente, no son con fusiones que se originan en el ámbito académico, sino en la vida diaria. Y son personas de carne y hueso las víctimas y victimarias. Lo que tenemos son, pues, hechos lamentables, desinformación y resquemor.

¿Cómo enfrentar un debate serio, racional y de fondo en estos temas si hay una confusión, de hecho, entre lo que se entiende por justicia comunitaria y los linchamientos? Porque la confusión y los prejuicios están minando el legítimo derecho de poblaciones indígenas a ver sus formas propias de administración de justicia reconocidas en la institucionalidad y la jurisprudencia del país; administración que, por cierto, desde hace siglos ejercen en materias de su vida cotidiana, bajo sus usos y costumbres (sistema, dicen algunos). Una práctica que continuó desde tiempos ancestrales resguardada, qué ironía, por la ausencia de un Estado que ahora se las reclama.

Si las instituciones y autoridades que plantean el reconocimiento de la jurisdicción indígena no asumen un papel responsable y activo en la condena de los linchamientos y su juzgamiento de ley, a tiempo de explicar a la ciudadanía en qué y por qué son diferentes linchamientos y jurisdicción indígena, ¿cómo esperamos que la gente de las ciudades entienda y acepte las propuestas?

*Carmen Beatriz Ruiz
es comunicadora social.